La educación pública en el Perú ya no es la misma de antes. Aquella vieja división entre el colegio estatal y el parroquial ha dado paso a etiquetas modernas: hoy hablamos de escuelas de «gestión directa» (100% estatales) y de «gestión privada» (los famosos colegios por convenio). Bajo el amparo de la Ley N° 28044 y la Resolución Ministerial N° 326-2020, el Estado ha encontrado un cómodo aliado en ONGs, fundaciones y órdenes religiosas para administrar sus planteles. La fórmula suena perfecta en el papel: el privado toma el timón para rescatar colegios en crisis, mientras que el Estado sigue pagando los sueldos, la luz, el agua y los materiales. Sin embargo, detrás de esta fachada de eficiencia, se esconde una preocupante realidad que golpea directamente al magisterio.
El verdadero cortocircuito de este sistema ocurre en las oportunidades laborales de los maestros. Debido a la excesiva cantidad de colegios públicos de gestión privada, las plazas disponibles en las UGEL para nombramientos, contratos y reasignaciones se han visto drásticamente reducidas. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen el privilegio legal de contratar bajo el sistema de «propuesta». Es decir, el director o promotor del colegio elige a dedo al postulante que mejor se alinee con sus criterios particulares. Si un docente —por más capacitado que esté o por más alto que haya puntuado en los concursos nacionales— no cuenta con esa ansiada «carta de propuesta», queda automáticamente excluido, de manos atadas y sin derecho a competir por esa plaza.
Este modelo nos deja ante una peligrosa encrucijada. Por un lado, la ley exige que las UGEL vigilen cada año si los alumnos aprenden o si se frena el bullying, amenazando con quitarle el colegio al privado que no dé la talla. Pero, por otro lado, el Estado parece estar tirando la toalla al ceder el control y permitir que se creen feudos laborales dentro de la escuela pública. Las alianzas estratégicas son válidas para mejorar la enseñanza, pero jamás deben convertirse en el pretexto perfecto para que el Estado se lave las manos, precarice el derecho al trabajo de miles de maestros y pierda el control de la educación.
