La detención en Arequipa de los jefes del sindicato Lugüe Espinoza y Juan Chicata, acusados de cobrar cupos y causar destrozos, vuelve a encender una vieja discusión en el Perú: la diferencia entre defender los derechos de los trabajadores y usar la fuerza de forma violenta. Este caso comenzó por las denuncias de la empresa APM Contratistas Generales mientras construía una sede del Poder Judicial en Cerro Colorado. El problema muestra el gran aburrimiento y molestia de los empresarios y, a la vez, una preocupante falta de acción por parte del Estado para evitar el peligro.
Hoy en día, los sindicatos cumplen una labor clave al defender los derechos que los trabajadores han ganado tras años de lucha, asegurando que se respeten sus beneficios y su seguridad. Por ejemplo, las normas de construcción civil protegen su derecho a exigir el 60% de los puestos de trabajo para la gente de la zona. Aunque el encargado de la constructora, Darío Zambrano, señaló que «trabajar con el sindicato es una pesadilla» debido al temor que causan ciertos grupos, la realidad es que proteger a los afiliados es una tarea totalmente limpia y necesaria. El verdadero problema surge cuando personas radicales empañan esta labor: por más justo que sea un reclamo laboral, pierde todo su valor si cae en destrozos, cierre de carreteras o amenazas. Defender los derechos de los obreros es un respaldo legal justo, pero exigir dinero o puestos a la fuerza es un delito..
El verdadero problema detrás de todo esto es que no se hace nada por evitar los conflictos. El Perú tiene desde el 2019 una norma llamada «Protocolo Interinstitucional de Actuación Conjunta» (Decreto Legislativo N° 1187), creada justamente para adelantarse a estos problemas. Esta regla obliga a las municipalidades a avisar sobre las obras nuevas y exige a la Policía Nacional (PNP) vigilar, investigar y hacer operativos junto a la Fiscalía y SUNAFIL antes de que comience la violencia.
La Fiscalía, liderada por Antonio Chacón Roselló, tiene que aplicar la ley con dureza contra quienes sean atrapados cometiendo delitos. Pero detener a los líderes de los sindicatos no resolverá el problema de raíz. Mientras la policía y los alcaldes sigan guardando los planes de prevención en un cajón lleno de papeles, las construcciones en el país seguirán sin control, las leyes no darán confianza a nadie y construir en el Perú seguirá siendo una pesadilla
