Con 16 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la República ratificó en segunda votación la controvertida Ley de Amnistía. Esta norma, impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, abre la puerta para que policías y militares sin sentencia firme, pero con procesos abiertos por graves violaciones a los derechos humanos, sean eximidos de responsabilidad penal.
¿A quién beneficia esta amnistía?
Según el dictamen aprobado, podrán acogerse a la amnistía quienes fueron denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos durante el periodo del conflicto armado interno (1980-2000), siempre que no cuenten con una sentencia firme. Además, incluye a sentenciados mayores de 70 años, lo que beneficiaría directamente a exjefes militares con condenas en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
La única excepción establecida en la ley son los procesados por delitos de terrorismo o corrupción.
Argumentos a favor y en contra
Durante el debate en el Pleno, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) justificó la medida indicando que, aunque hubo “excesos” por parte de las fuerzas del orden, no se trató de asesinatos sistemáticos. “La sociedad tiene una deuda con sus Fuerzas Armadas que debo cumplir mediante esta Ley de Amnistía, que les permitirá vivir tranquilos el resto de vida”, declaró.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), defendió el proyecto señalando que busca reparar la “deuda moral del Estado” con quienes “derrotaron al terrorismo”. Añadió que más de 1,000 efectivos de las FF.AA. y la PNP podrían beneficiarse, y aseguró que el objetivo es cerrar procesos judiciales que “han violado el plazo razonable”.
Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por diversos sectores. El congresista Isaac Mita advirtió que esta ley “encubre crímenes de lesa humanidad” y “desprotege la vida de las personas inocentes”. De manera similar, Alex Flores (Perú Libre) rechazó que los errores del sistema judicial sean excusa para otorgar impunidad a los perpetradores de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
Bancadas que apoyaron y rechazaron la ley
Los 16 congresistas que votaron a favor de ratificar la norma pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Avanza País. Entre ellos figuran: Ernesto Bustamante, Martha Moyano, Jorge Montoya, Norma Yarrow, Patricia Juárez, Gladys Echaíz, Alejandro Soto, María del Carmen Alva, entre otros.
Votaron en contra: Flavio Cruz, Ruth Luque, Isabel Cortez, Segundo Montalvo, Jaime Quito, Edgar Tello, Sigrid Bazán, entre otros.
Rechazo de organismos de derechos humanos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su firme rechazo a través de un comunicado publicado en la red X, titulado: “La impunidad no oculta el delito, lo agiganta”. En el documento, la entidad advierte que más de 150 sentencias firmes y cerca de 600 procesos abiertos por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas podrían quedar impunes.
“Esta norma representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad y el respeto al derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, enfatiza la CNDDHH.
Pedido de reconsideración
La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, presentó un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, solicitando la reconsideración de la votación. Este recurso parlamentario permitiría someter la norma a un nuevo debate en el Pleno, en caso se admitiera su discusión.