Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se necesitan $4 o aproximadamente S/15 para que una persona tenga una alimentación adecuada. Esto implica que para una familia de cuatro integrantes se requieren al menos S/60 diarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. A esto se suma el avance de la pobreza monetaria. Un informe del INEI revela que, en 2023 esta problemática alcanzó a un 29% de la población, es decir, 9,7 millones de personas se encuentran en esta situación. Esta cifra representa un retroceso significativo en la lucha contra la pobreza, indicó el economista Epifanio Baca.
“Las estadísticas de FAO, entre otros informes nos muestran que en el Perú actualmente hay mucha gente que padece hambre. Es decir, que al día comen una o dos veces al día, e incluso hay quienes no comen”, expresó.
El costo de cubrir una canasta básica en 2023 ascendió a S/446 mensuales por habitante; es decir, S/1784 para una familia de cuatro integrantes. A nivel global, la ONU Mujeres alerta que una de cada 10 mujeres vive en pobreza extrema, un problema que también afecta de manera significativa al Perú. Ante esta situación, algunos proponen aumentar el sueldo mínimo como una solución; sin embargo, esto solo beneficiaría al sector formal que representa el 25% de la población económicamente activa.
“Aumentar el sueldo mínimo tiene un efecto muy limitado, ya que solo beneficia a quienes trabajan en el sector formal. En el Perú, el 75 % de los trabajadores está en el sector informal, lo que significa que la mayoría se encuentra autoempleada o trabaja en condiciones donde no se respeta el cumplimiento del sueldo mínimo”, explica el economista Epifanio Baca.
Recientemente, la presidenta Dina Boluarte generó controversia al afirmar que las mujeres peruanas en ocasiones se las ingenian para cocinar con S/10 sopa, segundo y postre.
Estas declaraciones fueron objeto de críticas por varias representantes de ollas comunes en Perú, entre ellas la dirigente de la olla común San Pablo del distrito de Cayma, Gregoria Quispe, quien señala que los precios actuales de los alimentos hacen imposible cumplir con las propuestas de la mandataria.
“Un saco de papas cuesta 120 soles y solo nos dura cuatro días. Usamos tres galones de gas a la semana, cada uno cuesta entre 52 y 54 soles. Las verduras, la carne y el pollo están fuera de nuestro alcance; ni siquiera comemos un buen pollo, solo menudencias o huesitos. Nos la arreglamos porque hay una necesidad, pero con 10 soles no podemos hacer nada”, manifestó.
A este descontento se suma la regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Diana Caracela Ramos.
“Ni siquiera a mí me alcanzan 10 soles. Lamentablemente, estamos atravesando una situación de decadencia (…) los precios están muy altos y suben. Las declaraciones de la presidenta son una burla”, señaló.
La inflación acumulada de los últimos años, con tasas superiores al 5%, redujo significativamente el poder adquisitivo de los peruanos. Según el economista Epifanio Baca, este panorama no tiene futuro positivo.
“Si es que no hay una recuperación económica importante, no veo que vaya a cambiar esta situación de pobreza agravada. Se necesita unos 3, 4 o 5 años con una economía creciendo a 5%, 6% o 7%, y eso no va a ocurrir, según las proyecciones que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, que indican un crecimiento cercano al 3%, o incluso por debajo de ese nivel”, comenta.
La pobreza afecta directamente al empleo y la empleabilidad, especialmente a las personas con acceso limitado a una buena alimentación y educación, manifiesta la exgerenta regional de Trabajo, Catherine Rodríguez Torreblanca.
“El aumento de la pobreza afecta el empleo porque estas personas, que tal vez no comen bien ni están bien alimentadas, o que quizás no tuvieron acceso a una buena educación debido a la situación económica, enfrentarán dificultades en conseguir empleo”, precisó.
El Perú enfrenta una crisis alimentaria y económica que exige medidas integrales. Ante esta realidad, es imperativo que las autoridades promuevan políticas públicas efectivas y sostenibles que prioricen la recuperación económica y el bienestar social.
