El Pleno del Congreso no alcanzó este miércoles los votos necesarios para inhabilitar por 10 años a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, investigada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
La propuesta registró 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones; sin embargo, se requerían dos tercios de los parlamentarios presentes para aprobar la sanción. “No se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación, por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente”, anunció el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.
El informe que quedó sin efecto
El 7 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) había aprobado el informe que recomendaba la inhabilitación de Chávez, Pedro Castillo y el exministro del Interior, Willy Huerta, por infracción constitucional vinculada al autogolpe.
Durante sustento en el Pleno, la legisladora Ana Zegarra (Somos Perú) argumentó que Chávez vulneró diversos artículos de la Constitución.
El informe fue sustentado por Jorge Montoya (Honor y Democracia), quien afirmó que la exjefa del Gabinete fue notificada en julio sobre la acusación y tenía cinco días para presentar descargos, lo cual —según dijo— no cumplió. “Los hechos probados acreditan que participó en el quebrantamiento del orden constitucional”, señaló.
Asilo en la Embajada de México
Chávez permanece asilada en la Residencia de la Embajada de México en Lima desde el 2 de noviembre. Su permanencia motivó que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con México, en una de las crisis bilaterales más tensas del año.
El Gobierno peruano decidió demorar el otorgamiento del salvoconducto solicitado por México para trasladarla a ese país, mientras consulta con los Estados de la OEA sobre la interpretación de la Convención de Caracas de 1954. “Queremos ver si esta convención se adecua a la realidad de hoy”, dijo De Zela
Procesos penales abiertos
El Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión y la inhabilitación por dos años y medio para Betssy Chávez, a quien acusa como presunta coautora del delito de rebelión. La investigación sostiene que coordinó la elaboración y difusión del mensaje en el que Pedro Castillo anunciaba la disolución del Parlamento y la instauración de un “gobierno de excepción”.
Existe además otro informe final en el Congreso que también propone impedirle ejercer función pública por diez años.
Reconsideraciones y posible nuevo debate
Tras la votación fallida, se presentaron al menos tres pedidos de reconsideración, lo que podría reabrir el debate y permitir que el Pleno vuelva a votar la inhabilitación.
De aprobarse la sanción, Betssy Chávez no podría postular en las elecciones generales del 2026, donde había anunciado su intención de candidatear por Juntos por el Perú.
