En lo que va del año se registraron más de 14 mil denuncias por violencia familiar en la región Arequipa, dicha cifra incrementó en 30% respecto al 2023, comenta a Radio Yaraví la coordinadora territorial del programa Aurora en Arequipa, Anywska Gómez. La especialista indica que muchas denuncias quedan inconclusas por la dependencia económica.
“Cuando existe dependencia económica y emocional, la víctima que denuncia se pregunta: ¿qué pasará conmigo y con mis hijos si no tengo trabajo? En consecuencia retroceden en la denuncia y dejan de asistir a sus diligencias. Entonces lo que tenemos que hacer es empoderarlas, hacerles saber que la decisión que han tomado fue lo mejor para ellas y su familia”, menciona.
Agrega que, aunque las víctimas cuentan con medidas de protección inmediata, el sistema judicial presenta grandes demoras: las sentencias por feminicidio tardan entre uno y dos años en llegar a juicio oral.
Elizabeth Valdivia Canales, investigadora de la UNSA, realizó un estudio a 248 mujeres víctimas de violencia atendidas en el Centro de Emergencia Mujer durante la pandemia. Los resultados de su investigación evidencian que el 78,6% ; es decir 8 de cada 10 mujeres presentaba altos niveles de dependencia económica, una de las principales razones por las que permanecían con sus agresores.
La violencia de género afecta a mujeres peruanas y migrantes por igual, pero estas últimas enfrentan obstáculos adicionales si su estatus migratorio es irregular. Más de 1,7 millones de personas extranjeras migraron a Perú entre enero y mediados de septiembre de este año, de las cuales el 53,24% se encuentra en situación irregular, mayoritariamente mujeres: embarazadas, refugiadas, mayores de 60 años, con discapacidad o sin acceso a servicios básicos, señala el Observatorio Nacional de Migración.
Este panorama coloca a las mujeres migrantes en una situación de alta vulnerabilidad frente a diversas formas de violencia de género. Muchas tienen miedo a denunciar por temor a ser deportadas a pesar de que enfrentaron acoso en sus puestos de trabajo o en espacios públicos, así como chantajes sexuales o presiones económicas para conservar una vivienda o empleo, según un informe de Amnistía Internacional.
La psicóloga y defensora de los derechos humanos, Valeria López Quintanilla, quien es responsable de la organización Barboleta, una entidad que apoya a mujeres migrantes, refugiadas y población de acogida en Arequipa, comenta que las mujeres migrantes enfrentan una doble vulnerabilidad porque sufren violencia de género por su condición de mujeres y discriminación xenófoba por ser migrantes.
“Muchas mujeres salen solas de sus países y se enfrentan a riesgos como trata de personas, prostitución y violencia por parte de las personas que las trasladan de un lugar a otro”, precisa.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1993, reconoce que las mujeres migrantes y refugiadas son particularmente vulnerables a la violencia, y obliga a los Estados a trabajar para erradicarla. Sin embargo, como señala la psicóloga Valeria López, esta protección se ve limitada por los documentos que tienen las mujeres migrantes y refugiadas que se encuentran en Perú, lo que limitaría su acceso a derechos básicos como salud, educación, respeto de los derechos laborales, entre otros.
“El carnet de extranjería es el único documento que te da acceso a derechos. Anteriormente existía la opción del CPP (Carné de Permiso Temporal de Permanencia), actualmente la solicitud del refugio es un medio, pero, es para casos particulares, a pesar de que ello te permite estar un tiempo en el país, si no se les otorga el refugio corren el riesgo de expulsión o a permanecer de manera irregular sin la posibilidad de acceso a trabajo, salud o educación. También la falta de documentos puede generar temor de hacer alguna denuncia en caso sean víctimas de violencia” indica.
Los centros laborales también son espacios donde se manifiestan diversas formas de violencia contra la mujer. En ese sentido, desde hace dos meses la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, inauguró la oficina “Trabaja sin acoso” un espacio para brindar asesoría legal y psicológica gratuita para víctimas de hostigamiento laboral, indicó la titular de la cartera, Catherine Rodríguez Torreblanca.
“Estamos en una campaña para que las mujeres sepan dónde acudir en situación de riesgo (…) gratuitamente recibimos a mujeres que quieran consultar sobre hostigamiento sexual, acoso y hostilización laboral (…) también se busca generar oportunidades de empleo con flexibilidad, de manera que las mujeres puedan continuar su trabajo sin descuidar sus deberes como madres o jefas de hogar”, finaliza.