La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó de forma definitiva una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra. La acusación la vinculaba con las decenas de muertes y cientos de heridos durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
La decisión ratifica la improcedencia dictada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Esta medida bloquea el avance del expediente fiscal hacia el Pleno del Parlamento.
La denuncia fue formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Se le acusaba por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones graves y dolo eventual). La tesis fiscal señalaba una omisión de funciones al no frenar el uso desproporcionado de la fuerza militar y policial.
Sin embargo, el Congreso desestimó el recurso argumentando un impedimento de reiteración normativa señalando que no se pueden presentar dos denuncias idénticas en un mismo periodo anual de sesiones, el caso ya fue abordado y archivado en los expedientes previos 425 y 509 y que esos folios ya investigaban los sucesos de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco.
Al tratarse de una declaración de improcedencia desde la SAC, el trámite en la Comisión Permanente fue estrictamente formal. El congresista Ilich López (Acción Popular) aclaró que normativamente no correspondía abrir debate ni votación sobre el fondo del asunto.
El archivamiento express de la denuncia constitucional otorga un blindaje integral que alcanza a seis de sus exministros de Estado: Alberto Otárola Peñaranda (Ex premier), Pedro Angulo Arana (Ex premier), César Cervantes Cárdenas (Exministro del Interior), Víctor Rojas Herrera (Exministro del Interior), Vicente Romero Fernández (Exministro del Interior) y Jorge Chávez Cresta (Exministro de Defensa).
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificó el acto como una arbitrariedad. «Esto es un pago de favores porque la señora Boluarte ha sostenido este Parlamento. El Congreso le está retribuyendo porque actúan en alianza», alertó, señalando que la decisión vulnera los estándares internacionales y los informes que reportan masacres en Ayacucho y Puno.
