La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderada por el magistrado César San Martín, ratificó la extensión de 12 meses adicionales de reclusión preventiva solicitada por el Ministerio Público. El exmandatario continuará privado de su libertad en el Penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, Lima.
Razones judiciales del fallo
El tribunal supremo determinó que hay un elevado peligro de fuga y una alta probabilidad de elusión de la justicia debido a los siguientes factores institucionales:
Falta de arraigo familiar: Su cónyuge, Lilia Paredes, y sus hijos directos mantienen la condición de asilados políticos otorgada por el Gobierno de México. Falta de arraigo laboral y domiciliario; sus actividades profesionales actuales son consideradas inciertas y su domicilio legal registrado en la región de Cajamarca se encuentra sumamente debilitado ante las facilidades de apoyo internacional detectadas.
Complejidad del proceso corporativo: La investigación preparatoria posee carácter complejo al abarcar a más de 90 personas imputadas dentro de la presunta red de corrupción gubernamental. Delitos imputados y situación penal; esta medida cautelar específica corresponde a la investigación fiscal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión.
De acuerdo con las tesis de la Fiscalía de la Nación reseñadas en diarios económicos como Gestión, Castillo habría encabezado una red de adjudicaciones ilícitas de obras públicas concentrada en Petroperú S.A. (designaciones irregulares en compras de biodiésel), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (licitaciones del proyecto Puente Tarata III) y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (redireccionamiento de fondos mediante decretos de urgencia).
Cabe precisar de forma diferenciada que, de manera paralela a este proceso por corrupción, el exgobernante cumple actualmente una condena en primera instancia de 11 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión, dictada a raíz de su intento de disolución del Congreso de la República y quiebre del orden constitucional perpetrado el 7 de diciembre de 2022
