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Denuncian perjuicio económico al Gobierno Regional de Arequipa por uso gratuito de Cerro Juli

Perumin 37, ferias y conciertos no generaron ingresos al GRA pese a que la administración del recinto le fue transferida en julio de 2025.

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Una grave omisión administrativa pondría en jaque la gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Según el consejero César Huamantuma, presidente de la comisión investigadora del caso Cerro Juli, eventos de gran magnitud como Perumin 37, la Feria Arequipa y diversos conciertos realizados en el segundo semestre de 2025 no dejaron un solo sol de beneficio directo a las arcas regionales.

La investigación revela que el GRA no suscribió nuevos contratos ni formalizó adendas para el uso del recinto ferial tras recibir la transferencia del predio por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) el pasado 16 de julio de 2025. Al no existir un marco legal vigente entre la entidad regional y los organizadores, eventos con alto movimiento económico utilizaron el espacio sin pagar.

A través del Informe N.° 00120-2026, el Midagri confirmó que, desde la fecha de transferencia, el control y la regulación del predio son competencia exclusiva del Gobierno Regional. El ministerio precisó que los convenios previos firmados con entidades como Backus, la Cámara de Comercio y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú perdieron validez con el cambio de administración, siendo responsabilidad del GRA darles continuidad o firmar nuevos acuerdos.

El impacto económico es un perjuicio significativo si se toma en cuenta que Perumin, en ediciones anteriores, el convenio establecía una contraprestación de S/ 3 millones (25% en efectivo y 75% en obras). En esta última edición, el GRA no recibió nada. Al menos 4 conciertos masivos y la feria ExpoAgro se realizaron bajo la misma condición de «gratuidad» fáctica.

Ante el evidente vacío administrativo y la falta de recaudación por el uso de activos públicos, el consejero Huamantuma anunció que el informe final será elevado al pleno del Consejo Regional y, posteriormente, remitido al Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados en esta omisión