Ante el asesinato de 13 personas en el distrito de Pataz, región La Libertad, la presidenta Dina Boluarte anunció este lunes una serie de medidas excepcionales. La reacción del Ejecutivo llega luego de confirmarse la magnitud de la masacre y tras una primera respuesta confusa donde inicialmente se negaba el secuestro de trabajadores.
La jefa de Estado comunicó que en un plazo máximo de 48 horas se establecerá el toque de queda en la zona y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial para restablecer el orden. También se instalará una base militar permanente en la provincia como parte de una intervención de mayor alcance del Gobierno central.
Además, el Ejecutivo solicitará al Congreso de la República facultades legislativas para aprobar medidas urgentes contra el llamado «terrorismo urbano», con el objetivo de reforzar el marco legal frente a organizaciones criminales que operan con impunidad en diversas regiones del país.
Entre las medidas anunciadas destaca también la suspensión total de las operaciones mineras por 30 días en Pataz, incluyendo aquellas en proceso de formalización dentro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta paralización busca facilitar el ingreso y despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Durante la reunión de alto nivel realizada en Lima, participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; los ministros de Justicia e Interior, Eduardo Arana y Julio Díaz; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; así como los máximos jefes militares y policiales del país.
Finalmente, el Gobierno remarcó que actuó desde el primer momento en que se conocieron los hechos. No obstante, reconoció que la empresa implicada inicialmente informó que no había secuestros, retrasando la dimensión real de lo ocurrido. «Cuando el Estado otorga una concesión minera, la responsabilidad sobre lo que ocurra en esa jurisdicción recae en la empresa, al tratarse de propiedad privada», fue el argumento oficial.