El presidente de la Corte Superior Nacional (CSN), Hans Contreras Cuzcano, advirtió que más de un centenar de casos judiciales relacionados con crimen organizado y corrupción podrían enfrentar mayores demoras debido a la Ley 32130, que faculta a los acusados el derecho de impugnar el auto de enjuiciamiento (resolución) que dispone el inicio del juicio oral.
Explicó que estos procesos se encuentran actualmente en la fase intermedia del proceso penal, es decir, en la etapa de control de la acusación fiscal, posterior a la investigación preparatoria.
Asimismo, indicó que estos procesos son de mucha complejidad con un gran número de procesados, 30 o más en algunos casos, incluyen personas jurídicas (empresas), multiplicidad de delitos, que demandan mucho tiempo y dedicación de los magistrados y del personal jurisdiccional y administrativo.
A esto se suman los incidentes procesales, recursos de apelación, recusaciones y nulidades presentadas por los abogados de los investigados, los cuales pueden llegar a la Corte Suprema y, aunque garantizan el derecho a la defensa, terminan por alargar aún más el proceso.
El presidente de la CSN también destacó que, con la nueva ley, una vez que se emite el auto de enjuiciamiento, este puede ser apelado, lo que genera una nueva fase en el proceso. «Ello significaría que (la apelación) para su decisión y con ello se culminaría, pero generaría una fase que antes no teníamos, eso implica una demora en el caso”, remarcó.
Antes de la vigencia de la Ley 32130, el tribunal fijaba la fecha para el inicio del juicio oral inmediatamente después de emitir el auto de enjuiciamiento. Sin embargo, ahora, debido a la posibilidad de apelación, el juicio no podrá comenzar hasta que se resuelva dicha apelación.
Contreras también mencionó algunos casos destacados, como el del expresidente Alejandro Toledo, que ya fue sentenciado y se encuentra en apelación, los procesos contra Martín Vizcarra que siguen en trámite, y el juicio a Ollanta Humala, que está en la fase de alegatos finales.