Pese a las denuncias iniciales que apuntaban a la existencia de una presunta red de prostitución dentro del Congreso, la Comisión de Fiscalización concluyó que no existen elementos probatorios concluyentes para sustentar dicha acusación. Sin embargo, lo que sí reveló el informe final —que será presentado este miércoles 18 de junio— es un preocupante esquema de contratación irregular, con predominancia de personal femenino, presunto favoritismo político y un contexto que podría ser calificado como sexista.
La investigación se inició tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez, una extrabajadora del Congreso. Su caso, que fue inicialmente vinculado a estas denuncias, terminó siendo descartado como evidencia directa. La Comisión concluyó que su comportamiento pertenecía al ámbito privado y no guardaba relación con funcionarios del Parlamento.
Contratos a dedo y vínculos personales
Uno de los hallazgos más graves involucra al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, quien habría favorecido reiteradamente a mujeres jóvenes con quienes mantenía relaciones personales, aprovechándose de la liberalidad del sistema de contratación directa.
Además, el informe identifica un patrón de designaciones vinculadas al partido Alianza para el Progreso (APP), especialmente durante las presidencias parlamentarias de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana. Según la Comisión, este tipo de prácticas se enmarcan en un uso político del aparato estatal para beneficiar a personas allegadas, sin el debido sustento técnico ni legal.
Entre los casos revisados, se detectaron deficiencias en los legajos de trabajadoras como Isabel Cajo, Yesenia Lozano y Fiorela Monteza, quienes no habrían cumplido con los requisitos mínimos exigidos para los cargos que ocuparon. Incluso, en algunos expedientes se habrían utilizado documentos presuntamente falsificados para justificar sus contrataciones.
Recomendaciones con miras al Ministerio Público
El informe recomienda que todo lo investigado sea remitido al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, por la posible comisión de varios delitos, entre ellos:
- Nombramiento ilegal
- Tráfico de influencias
- Uso de documentos falsos
- Obstrucción a la justicia
Como medida adicional, se propone la restitución del Estatuto Parlamentario, con el fin de reforzar los mecanismos de control y evitar que el Congreso continúe operando bajo normas laxas que permiten irregularidades en las contrataciones.
Aunque la existencia de una red de prostitución no pudo ser demostrada, la Comisión señala que el Ministerio Público —a diferencia del Congreso— cuenta con herramientas coercitivas como el levantamiento del secreto bancario o telefónico, lo que le permitiría profundizar la indagación y descubrir nuevas evidencias.
