Durante su presentación ante una comisión del Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció la emisión de un decreto de urgencia que permitirá la participación del sector privado solo en el control de accesos a los centros penitenciarios de mayor peligrosidad en el país.
Arana explicó que la medida responde a las constantes fallas en el sistema de ingreso, actualmente bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismo que, según precisó, no ha logrado superar deficiencias operativas arrastradas por más de una década.
«Como el INPE no lo puede hacer y hemos estado más de 10 años en que no funcionan los body scans, el sistema de rayos X. Vamos a poner también en valor», manifestó.
El titular de Justicia indicó que la ausencia de agentes penitenciarios y la escasez de equipos tecnológicos en los controles de entrada a las cárceles han motivado la decisión.
«En los próximos días estaremos firmando por el cual esta actividad va a formar parte de un concurso público para que la actividad pueda apoyarnos en este trabajo”, puntualizó.
