La Fiscalía de Corea del Sur volvió a solicitar la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol, acusado de liderar una insurrección tras intentar imponer la ley marcial en diciembre de 2024. La medida desató una grave crisis institucional en el país asiático.
El exgobernante recibió una condena de cadena perpetua en febrero de 2026, pero apeló la decisión judicial. Actualmente, el Tribunal Superior de Seúl evalúa el caso, mientras los fiscales insisten en que corresponde aplicar la máxima sanción.
La crisis comenzó el 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon declaró la ley marcial e intentó paralizar la Asamblea Nacional mediante el despliegue de militares y fuerzas antidisturbios. Sin embargo, el Parlamento bloqueó el decreto pocas horas después.
El Tribunal Constitucional destituyó al entonces presidente en abril de 2025, al determinar que no existían razones de emergencia que justificaran la medida. Aunque Corea del Sur mantiene la pena de muerte en su legislación, el país no registra ejecuciones desde 1997 debido a una moratoria de facto.
