La Federación de Transporte Alternativo (Fedetra), gremio que agrupa a unas 500 «combis» y «loncheritas» (unidades M1 y M2), asestó un duro golpe a las autoridades locales de la mano de su asesor legal, Freddy Cahui Calisaya. El estratega jurídico notificó formalmente a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) advirtiendo que las fiscalizaciones y sanciones locales contradicen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ante la negativa de la comuna de frenar los operativos, Cahui Calisaya lideró una ofensiva en los tribunales que devino en una medida cautelar a favor del gremio, logrando congelar temporalmente el ingreso de los vehículos informales a los depósitos y dejando a los inspectores municipales prácticamente de manos atadas.
Esta victoria legal del sector informal coincide con un panorama sumamente crítico para el transporte regulado de la ciudad. El Sistema Integrado de Transportes (SIT) se encuentra al borde del colapso debido a la quiebra financiera que atraviesan Megabus AQP y Cono Norte, dos de los consorcios formales más grandes de la provincia. A pesar de que la municipalidad les había retirado millones de soles en fondos de garantía por reiterados incumplimientos de contrato, la gestión edil evalúa ahora la devolución de dicho dinero en un intento desesperado por evitar una parálisis total del servicio urbano.
En medio de este fuego cruzado entre la estrategia judicial de la informalidad y la crisis operativa de las empresas formales, el principal afectado continúa siendo el ciudadano de a pie. La calidad del servicio en las calles arequipeñas sigue empeorando, mientras que la economía de los usuarios se mantiene bajo una tensa tregua: la tarifa actual del pasaje, fijada en S/ 1.30, solo se encuentra garantizada hasta el mes de septiembre, dejando el futuro de la movilidad de la ciudad en una total incertidumbre.
