AREQUIPA. El sarampión en Arequipa ya suma 27 casos confirmados en la región, ante el aumento de cifras, el Ministerio de Salud (MINSA) implementará una drástica medida de control. El viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre, anunció que los ciudadanos que se nieguen a recibir la dosis correspondiente deberán firmar obligatoriamente un acta de desistimiento.
Este documento formal no quedará en los archivos médicos. El funcionario detalló que las actas firmadas serán remitidas directamente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (Fiscalía). El objetivo es que los ciudadanos asuman la responsabilidad legal y social de una decisión que pone en riesgo la salud pública.
“Si no se quiere vacunar, se hace firmar el acta de desistimiento donde el ciudadano dice que no se quiere vacunar, pero asume el riesgo de que puede contagiar a su familia, amigos y sociedad. Esta acta pasa a la Defensoría y Fiscalía para que el ciudadano pueda asumir la responsabilidad”, enfatizó Rebaza.
Vacunación masiva desde este lunes
La estrategia sectorial responde a una campaña agresiva de inmunización que arrancará este lunes 22 de junio. Las brigadas de salud intervendrán de forma masiva en colegios, institutos superiores y universidades de toda la región Arequipa.
La meta establecida por el MINSA y el Gobierno Regional de Arequipa es vacunar a 240 mil personas cuyas edades oscilen entre los 6 y 30 años. Este rango de la población ha sido identificado como el grupo de mayor vulnerabilidad, debido a que arrastra brechas de inmunización y carece de las dosis completas de protección.
Presupuesto asignado para la emergencia
El viceministro remarcó que las vacunas están plenamente garantizadas y adquiridas por el Estado. Para la movilización de personal y la logística de este barrido nacional se han dispuesto S/ 4 millones destinados exclusivamente para la macro región sur (que involucra a 5 regiones, incluida Arequipa).
Las autoridades recordaron que la vacuna representa el único escudo de protección efectivo frente a un brote activo, por lo que la negativa a aplicársela bajo el actual contexto epidemiológico traerá consecuencias formales y legales para los infractores
