Ya pasaron siete días desde el fatídico accidente que conmovió a todo el país. Era un día cualquiera para muchos. Los más de sesenta pasajeros que abordarían el bus alistaron sus equipajes sin imaginar el lamentable destino que les esperaba horas después. El bus interprovincial de la empresa Llamosas encendió los motores la noche del martes 11 de noviembre para realizar la ruta desde Chala hacia la ciudad de Arequipa. En su interior viajaban familias, niños, adultos y ancianos que confiaron en que el vehículo los llevaría hasta su destino.
Durante el trayecto por la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Ocoña en la provincia de Camaná, todo transcurría con normalidad hasta que, a la una de la madrugada del 12 de noviembre, algo cambió. Al volante estaba el señor Marcos Ruelas, uno de los fundadores de la empresa, con más de 30 años de experiencia conduciendo en carreteras y sin antecedentes de accidentes. En la oscuridad de la noche, una camioneta blanca invadió su carril. Su reacción fue esquivar el impacto, pero el bus se inclinó demasiado y cayó a un barranco de rocas de más de 200 metros de altura. Al otro lado se encontraba Henry Apcalla Ñaupari, de 35 años, un sujeto que presuntamente estaba manejando en estado de ebriedad. Según él, “solo pestañeó”. Mucho se advierte sobre los riesgos de conducir ebrio, pero a este conductor parece no haberle importado. Su irresponsabilidad provocó la muerte de 37 personas que viajaban tranquilamente, esperando llegar a su destino.
Al momento del accidente acudieron ambulancias y personal policial; incluso los pobladores de la zona se sumaron para rescatar a los heridos atrapados entre fierros y rocas, y para levantar los cuerpos que habían quedado esparcidos en el abismo. Con el paso de las horas, más personas llegaron. Los familiares de los pasajeros acudieron al lugar con la esperanza de encontrarlos con vida. Algunos lo lograron; la mayoría temió lo peor.
Llegar hasta donde estaba el bus era extremadamente difícil debido a la altura y al terreno lleno de montículos de piedras. Fue necesario utilizar un cargador frontal para acceder a la zona, además de cruzar un río que obstaculizaba el paso. El enorme vehículo de rescate iba y venía repetidas veces, transportando cuerpos sin vida y, en algunos casos, heridos con lesiones que los marcarán de por vida. Los lesionados fueron llevados al Hospital de Camaná y los más graves fueron referidos al hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. Los 37 fallecidos fueron trasladados en un camión a la morgue. Las labores de rescate culminaron al mediodía del miércoles y las escenas desgarradoras se trasladaron a los exteriores del nosocomio.
Allí, sus seres queridos esperaban entre llantos y desesperación. Rogaban que el nombre de su familiar apareciera en la lista de heridos y no en la de fallecidos. Pasaron horas bajo el sol, aferrados a una sola noticia.
A las siete de la mañana se publicó la primera lista con doce heridos, entre ellos una niña de ocho meses y su hermana de cuatro años. Su madre, Rebeca Apaza Arcos, no figuraba. Las protegió hasta la muerte. Las tres viajaban a la ciudad de Arequipa para que la niña de cuatro años recibiera un tratamiento por unas quemaduras sufridas en junio. La familia, de escasos recursos, había recibido apoyo económico de sus vecinos del centro poblado de Mollehuaca para costear el viaje. Sin embargo, el traslado terminó en tragedia. Hoy, las pequeñas quedan al cuidado de su padre, Heber Quispe, quien aún intenta encontrar sentido a lo ocurrido aquella madrugada.
Las horas continuaron y, poco a poco, se fueron leyendo los nombres de heridos y fallecidos. Un médico salía de la morgue, abría la puerta general y pronunciaba en voz alta un nombre. Entre lágrimas, los familiares recibían la noticia y se acercaban a recoger el cuerpo de quien horas antes estaba con vida. La rutina se repitió hasta entrada la noche. A las ocho, medios de comunicación difundieron la lista oficial: 25 heridos y 37 fallecidos. Más de sesenta personas fueron víctimas de un accidente que nunca debió ocurrir, pero que sucedió por la negligencia de un hombre al volante.
Entre los fallecidos estaba Juan Puma Hancco, padre de familia que había viajado a Chala por motivos laborales. Tras varios días lejos, regresaba a casa. Había juntado casi 3 mil soles y volvía con la ilusión de ver a su hija, quien cumplió tres años el 17 de noviembre, y a su esposa, que lo esperaba con preocupación.
El presunto causante del accidente fue capturado por la Policía. Debido a sus lesiones, fue llevado al hospital de Camaná y quedó bajo custodia. El jueves 13 de noviembre, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná solicitó su detención judicial por siete días como parte de la investigación por homicidio culposo y lesiones graves. Indignó que los primeros exámenes de alcoholemia mostraran niveles por debajo del límite permitido, pese a haber dado positivo en el dosaje inicial. Según la Policía, esto ocurrió porque el segundo examen se realizó seis horas después del hecho.
Durante la audiencia en Camaná, el imputado expresó su pesar por lo ocurrido. La Fiscalía, mediante la Inspección Técnico Policial, determinó que invadió el carril contrario, provocando el choque frontal. En redes sociales, se le observa posando con botellas de licor y compartiendo imágenes donde ironiza sobre el consumo de alcohol. Además, registra dos multas graves entre 2023 y 2024 por estacionar en zonas prohibidas. Mientras permanece con vida a la espera de que se defina su situación legal, 37 familias lloran a sus padres, hijos y hermanos. Viven un luto que nadie podrá reparar.
No es la primera vez que ocurre una desgracia en esa curva. El gerente regional de salud, Walter Oporto, recordó que hace siete años, en febrero de 2018, un bus se desbarrancó en el mismo kilómetro 780 de la Panamericana Sur, donde murieron 45 personas. Esa zona es un serpentín de curvas cerradas junto a un precipicio. El bus de la empresa Rey Latino hizo la misma ruta desde Chala hacia Arequipa. Entonces se instaló un puente aéreo para trasladar heridos y se declararon tres días de duelo. La bandera fue izada a media asta, el chofer fue encarcelado y la empresa perdió su permiso por no contar con autorización vigente.
El accidente en el sector Ocoña vuelve a probar que no basta con lamentar tragedias. La falta de educación vial, el débil control del transporte interprovincial y la ausencia de medidas preventivas siguen cobrando vidas en las carreteras del país. El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de reforzar la seguridad, fiscalizar con firmeza y corregir fallas que ya han sido advertidas por años. Pero también corresponde a los conductores asumir la responsabilidad que implica manejar un vehículo lleno de pasajeros que confían en ellos para volver con vida a casa.
Mientras no exista un compromiso real y sostenido, escenas como las vividas aquella madrugada seguirán repitiéndose. Y cada repetición será una herida abierta para cientos de familias que, como estas 37, jamás debieron enfrentar un dolor evitable.
