El Poder Judicial rechazó el recurso presentado por la congresista de Perú Libre, María Agüero, quien solicitaba la nulidad de las acciones realizadas durante el allanamiento a su vivienda y oficina, que ejecutó la Fiscalía y la Policía el 5 de noviembre del 2024.
Este operativo forma parte de la investigación preliminar que se sigue en su contra por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró «infundado» el pedido de apelación de la legisladora, que buscaba anular o revocar la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 30 de octubre de 2024. En dicho fallo, se autorizaba el descerraje, allanamiento, registro domiciliario y vehicular, así como la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, incluidos teléfonos y equipos de cómputo vinculados al caso.
La defensa de la congresista argumentó que se había vulnerado el debido proceso, el principio de igualdad de armas, la legalidad procesal y la proporcionalidad, sosteniendo que la resolución carecía de una justificación suficiente para autorizar medidas tan restrictivas, sin asegurar la asignación de defensores públicos en su ejecución, como establece la reciente modificación del Código Procesal Penal a través de la ley 32130.
Sin embargo, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín concluyó que las medidas adoptadas estaban debidamente fundamentadas, relacionadas con la investigación de hechos delictivos específicos y con una base objetiva que las sustentaba. Asimismo, la Sala indicó que la resolución judicial había instado al Ministerio Público a cumplir con la ley, lo que implicaba que en la ejecución de estas medidas debía garantizarse la presencia de un defensor público.
Finalmente, el colegiado supremo desestimó el recurso de la defensa, considerando que la resolución recurrida se ajustaba a derecho. Así, el fallo fue ratificado y se mantuvo firme la legalidad de las acciones emprendidas en el proceso.
Cabe recordar que la Fiscalía de la Nación investiga a la congresista Agüero por presuntamente haber utilizado su cargo para coaccionar a trabajadores de su despacho congresal a entregar sumas de dinero provenientes de sus salarios, además de haber incrementado su patrimonio de manera ilícita entre junio de 2022 y mayo de 2023. No se descarta que estos actos se hayan producido desde el inicio de su mandato parlamentario en julio de 2021.