La sentencia del juez fue de 14 años de prisión. Así se selló la resolución dictada el miércoles 26 de noviembre contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Con la cabeza baja, la mirada en el piso y los ojos apagados, el exmandatario escuchó la decisión del magistrado que derrumbó la defensa que sostuvo durante años. Sostenía su inocencia frente a un caso de corrupción cometido cuando era presidente del Gobierno Regional de Moquegua en 2011. Sin embargo, la justicia lo contradijo. Vizcarra fue condenado por cohecho pasivo propio vinculado a dos proyectos: Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. A su pena privativa de libertad se le sumaron nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 94 mil 900 soles. La jueza Fernanda Ayasta concluyó que el exgobernador solicitó un pago del 2% del valor de una obra para favorecer al consorcio Obrainsa–Astaldi.
Sin pronunciar ni una sola palabra, Vizcarra se puso de pie y saludó a las cámaras. Su expresión lo decía todo, estaba golpeado por la sentencia. Esa misma noche, fue trasladado al penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, Lima, donde cumplirá su condena, al igual que otros exmandatarios. Con su ingreso, ya son cuatro expresidentes encarcelados en menos de un año: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y ahora Martín Vizcarra.
“El presi” de un 60% de la población que aprobó su Gobierno en el 2020, según una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), inició su paso por el Poder Ejecutivo como vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones generales del 2016. Sin embargo, tras la renuncia de PPK antes de ser vacado, Vizcarra asumió la presidencia por sucesión constitucional el 23 de marzo del 2018. De inmediato, la población indagó quién era esta figura que nadie había elegido en las urnas como jefe de Estado.
Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, realizó un diplomado en Administración Gerencial en ESAN (2009) e incluso fue decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Entre el 2011 y el 2014 fue gobernador de Moquegua, un periodo de su vida en el que tomó decisiones que, 11 años después, tendrían consecuencias fatales.
En su primer mensaje a la nación como presidente intentó calmar la tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Propongo a los congresistas un pacto social a fin de luchar contra la corrupción e impulsar el desarrollo democrático e integrador. Podemos transformar este difícil momento en una nueva etapa política”, dijo entonces, marcando así el tono conciliador con el que buscaba iniciar su gestión.
Disolvió el Congreso de la Republica
El 30 de setiembre del 2019 quedó marcado como uno de los momentos más tensos de la historia del país. Aquel día, Martín Vizcarra apareció en cadena nacional para anunciar la disolución del Congreso. Lo hizo luego de que el Parlamento, dominado por la oposición fujimorista, eligiera a Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo miembro del Tribunal Constitucional ignorando la cuestión de confianza que el Ejecutivo había presentado para frenar un proceso que calificaba de “opaco” y cargado de maniobras. “Ante la denegación fáctica de la cuestión de confianza (…) he decidido disolver constitucionalmente el Congreso”, dijo Vizcarra. Era su forma de intentar poner fin a una crisis que llevaba más de tres años asfixiando al país.
Lo que vino después fue caótico. Mientras el presidente aseguraba estar actuando dentro de las facultades que le daba la Constitución, el Congreso reaccionó declarando su “incapacidad temporal” y juramentando a Mercedes Aráoz como presidenta de funciones, creando la sensación de un país dividido en dos. En medio de la incertidumbre y los cuestionamientos sobre si había ocurrido un golpe o un acto legítimo, Vizcarra obtuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes se reunieron con él aquella misma noche. Así, se abrió el camino a nuevas elecciones parlamentarias donde la ciudadanía tendría que elegir a sus nuevos representantes en el legislativo.
Llegada de la COVID-19 en marzo
Martín Vizcarra enfrentó uno de los periodos más complejos de su gestión con la llegada de la COVID-19. El 6 de marzo del 2020, a través de un mensaje televisivo, anunció el primer caso registrado en el país. Se trataba de un joven de 25 años con antecedentes de viaje por España, Francia y República Checa. Desde ese momento se activaron medidas sanitarias que se endurecieron el 15 de marzo con la declaración del estado de emergencia y el confinamiento nacional, inicialmente previsto por 90 días, pero que terminó extendiéndose durante varios meses, acompañado de un toque de queda prolongado.
La crisis expuso de inmediato la precariedad de la infraestructura hospitalaria, se evidencio a ojos de todos los centros de salud colapsados, falta de camas UCI, carencia de oxígeno medicinal y demoras en la llegada de vacunas. En este contexto, el Gobierno de Vizcarra autorizó la compra de 1.6 millones de pruebas rápidas pese a su alta tasa de falsos negativos, lo que dificultó la detección precisa de contagios. También implementó medidas excepcionales y que seguramente parecían ser tomadas a la ligera, como la restricción de circulación por género, que establecía días específicos para hombres y mujeres.
Mientras los fallecidos superan las 219 mil personas, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, el entonces mandatario había recibido de forma irregular dosis de la vacuna Sinopharm destinadas al personal que participaba en los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; su esposa también fue inoculada. Este hecho motivó una denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides contra Vizcarra y la exministra Pilar Mazzetti por presuntos delitos contra la administración pública, y derivó en la inhabilitación del expresidente por diez años por parte del Congreso. Durante el periodo crítico también se aprobaron bonos económicos para mitigar el impacto del confinamiento en la población. Finalmente, el estado de emergencia nacional concluyó el 26 de octubre del 2022, cerrando oficialmente la etapa más severa de la emergencia sanitaria en el país.
Vacancia por incapacidad moral
Con 105 votos a favor y 19 en contra, el 09 de noviembre del 2020, el Congreso aprobó la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Martín Vizcarra, dando por concluido un periodo de casi tres años. La medida fue impulsada por las acusaciones de corrupción relacionadas con su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, las cuales él negó antes y después de la votación, afirmando que no había pruebas.
Tras su destitución, el país ingresó en una nueva etapa de inestabilidad política, miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazar la vacancia y desconocer al nuevo mandatario por sucesión constitucional, Manuel Merino. Durante las movilizaciones del 14 de noviembre, la Policía Nacional intervino para dispersar a los manifestantes en el centro de Lima, en ese contexto murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado, ambos alcanzados por proyectiles durante los enfrentamientos.
Sus fallecimientos profundizaron la crisis derivada de la salida de Vizcarra, desatando una ola de indignación nacional que llevó finalmente a la renuncia de Merino al día siguiente.
Continuaron las investigaciones por presunta corrupción
Tras su vacancia en noviembre de 2020, Martín Vizcarra quedó inmerso en una serie de investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión regional y presidencial. A ello se sumaron dos inhabilitaciones previas: una en abril de 2021 por recibir de forma irregular la vacuna contra la COVID-19 durante el caso Vacunagate, y otra en mayo de 2022 por presuntos favorecimientos a empresas privadas cuando fue ministro de Transportes. Estas decisiones marcaron el inicio de un periodo en el que el expresidente pasó de ser un actor político protagónico a un investigado con múltiples frentes abiertos.
El panorama se intensificó el 11 de julio de 2025, cuando el Congreso aprobó una nueva inhabilitación por diez años para ejercer la función pública, esta vez por haber cerrado el Parlamento el 30 de septiembre de 2019, considerado por el Legislativo como una infracción al artículo 134 de la Constitución. Esta tercera sanción consolidó el aislamiento político de Vizcarra mientras avanzaban los procesos fiscales por corrupción y obstrucción a la justicia. La acumulación de cargos reforzó la postura del Ministerio Público, que sostenía que existía riesgo de fuga.
En ese contexto, el 22 de agosto de 2025 el INPE dispuso que Vizcarra cumpliera prisión preventiva en el penal de Ancón II, tras ser clasificado con un puntaje que lo ubicaba en una cárcel común. La decisión fue cuestionada por especialistas, quienes consideraron que se rompía la tradición de recluir a expresidentes en Barbadillo. Sin embargo, cinco días después, el 27 de agosto, el exmandatario fue retornado a Barbadillo sin una explicación detallada por parte de las autoridades penitenciarias.
Finalmente, el 3 de septiembre de 2025, la Tercera Sala Penal Nacional ordenó su excarcelación inmediata, al concluir que no correspondía mantener prisión preventiva en etapa de juzgamiento y que Vizcarra acreditaba arraigo domiciliario, laboral y familiar. La Fiscalía, representada por Rafael Vela Barba, manifestó su preocupación por la decisión, recordando casos recientes de procesados que eludieron la justicia. Con ello, la situación legal de Vizcarra quedó abierta, con investigaciones en curso y sin una resolución final sobre los cargos que enfrenta.
Fin de su carrera política
Martín Vizcarra, con una larga carrera en la política, desde gobernador regional de Moquegua, ministro de Estado, hasta presidente de la República, había sostenido hasta sus últimos días la convicción de su inocencia. Muchos de sus seguidores compartían la convicción de que, aun con los múltiples procesos en su contra, la solidez de su trayectoria, sus declaraciones de que no abandonaría el país, eran suficientes garantías para que no terminara detrás de las rejas. Hasta el 26 de noviembre de 2025 esa esperanza se acabó.
Vizcarra manifestó tras la sentencia que se trataba de una revancha política: “No es justicia, es venganza”, afirmó en sus redes sociales. Su condena lo convierte en uno de los pocos expresidentes que cumple prisión efectiva. El capítulo de su carrera política y sus aspiraciones de regresar a Palacio de Gobierno se bloquearon con una advertencia hacia el futuro, su hermano Mario Vizcarra, hoy al frente del partido Perú Primero, no descarta pedir su indulto si llega a ganar la próxima elección presidencial de 2026. Tal vez para algunos, ese escenario revive viejas polémicas, la esperanza de un posible retorno político, aunque con una condena firme que ya forma parte de su legado de vida.
