El Gobierno finalmente presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, que buscan anular las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
Se trata de procesos seguidos contra la mandataria: las muertes en las protestas en diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, el caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial de la Policía.
El documento fue presentado por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, quien representa al Ejecutivo, apelando a una vulneración del artículo 117 de la Constitución.
“Los actos concretos del Ministerio Público y del Poder Judicial que afectan las competencias del Poder Ejecutivo se relacionan con la interpretación que vienen realizando respecto a la prerrogativa presidencial”, se lee en el oficio.
La demanda competencial ya había sido anunciada desde el 22 de mayo que se publicó la resolución ministerial 151-2024-PCM, por un acuerdo en sesión del Consejo de Ministros realizada el 17 de mayo, liderado por Boluarte.
