La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó fondos públicos para financiar un viaje que realizó a Estados Unidos entre el 28 y el 31 de mayo del año pasado, según revela un informe técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según este reporte, la excandidata presidencial gastó S/ 27,921.53 en dicho desplazamiento.
El documento, compartido por Ideele Radio, detalla el uso del financiamiento público directo de Fuerza Popular correspondiente al primer semestre de 2024. Este informe también señala que el partido naranja reportó más de un millón de soles en gastos relacionados con actividades de capacitación, formación y otros.
No obstante, el viaje de Keiko Fujimori, junto al excongresista Juan del Águilar y el asesor Marko Pacheco, no cumplió con las condiciones para ser clasificado como una actividad de capacitación política. De acuerdo a la norma, los viajes financiados con fondos públicos deben tener como objetivo este fin, sin embargo, no se habría cumplido en este caso.
El informe de la ONPE advierte que Fuerza Popular presentó este gasto como parte de una actividad denominada ‘Capacitación, conferencias e intercambio académico en el estado de California, Estados Unidos’.
Sin embargo, el organismo electoral refirió que el dinero destinado para asistir al evento podría constituir una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y al Reglamento de Financiamiento de los Partidos Políticos (RFSFP).
El informe también aborda otro caso controvertido: el viaje de Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, a Austria, para lo cual se gastó S/ 15,066.82 para su participación en una convención de líderes católicos. A pesar de que el partido justificó este gasto como parte de su «defensa de la familia y la promoción de ideas», la ONPE rechazó que esta actividad pudiera ser considerada una capacitación.
A raíz de estos hallazgos, el organismo electoral recomendó al partido actualizar «sus procedimientos de control interno, así como la implementación de nuevos procedimientos que permitan un adecuado control, utilización y contabilización de los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico»
Según el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben financiamiento público directo por parte del Estado, cuyo monto resulta de multiplicar el número total de votos emitidos para elegir representantes al Legislativo por el 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados, durante el quinquenio posterior a la mencionada elección.
