El periodista Cristian Rebosio difundió un pronunciamiento del diputado por Renovación Popular, Christian Aranda, donde se expuso a una paciente que solicitó una presunta interrupción terapéutica del embarazo (aborto terapéutico) en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. Esto pese a que el pedido es legal desde hace varios años, pero afectando la privacidad de la mujer.
Pese a que Aranda señaló que no ha publicado la identidad ni datos personales de la paciente, el periodista Rebosio compartió el documento, y contrastó con la versión del legislador.
La directora de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez, explicó ante un medio nacional que la fiscalización parlamentaria no es ilimitada y que, si bien un congresista puede pedir información de cómo funciona un hospital, «lo que no puede hacer es convertir esa facultad en una vía para acceder a la historia clínica de una persona sin consentimiento de su titular».
«No es posible que cada procedimiento para preservar la vida/salud de una gestante tenga que ser obstruido así. Dejen de meterse con cuerpos ajenos (…) El pedido es ilegal. Los datos personales de la gestante son confidenciales y están protegidos por la Constitución y la ley. Los médicos están obligados a no revelar info clínica por el secreto profesional (violarlo es delito). El aborto terapéutico es un derecho. Infórmense», aseguró Álvarez.
