El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, cuestionó que el incremento de las penas sea considerado una solución frente a la inseguridad ciudadana. El magistrado sostuvo que cualquier modificación legislativa debe contemplar la capacidad de los establecimientos penitenciarios y los recursos necesarios para desarrollar investigaciones oportunas.
Asimismo, indicó que los procesos de familia representan una parte importante de la carga judicial, principalmente las demandas por pensión de alimentos, que afectan a los sectores más vulnerables. Explicó que estos procedimientos pueden presentar retrasos debido a dificultades en las notificaciones, liquidaciones y la identificación de los ingresos económicos de los demandados.
Sobre las medidas anunciadas por el Gobierno durante sus primeros 100 días de gestión, Iscarra Pongo consideró que aumentar las sanciones no resolverá los problemas de criminalidad si no se cuenta con suficientes establecimientos penitenciarios y equipos logísticos para fortalecer las investigaciones fiscales y judiciales.
En otro momento, destacó el trabajo de las unidades de flagrancia, que permiten atender determinados casos en periodos más cortos. Sin embargo, advirtió que estos espacios necesitan laboratorios forenses para realizar reconocimientos médicos legales y exámenes de dosaje etílico y toxicológico, cuyos resultados facilitarían las decisiones de fiscales y jueces.
El magistrado explicó que la falta de estos servicios limita la capacidad de las unidades de flagrancia, debido a que los casos que requieren evaluaciones especializadas deben esperar los resultados correspondientes. Por ello, consideró necesario fortalecer su equipamiento para agilizar los procedimientos y reducir la carga de los juzgados ordinarios.
Finalmente, respecto al anuncio de construir nuevas megacárceles, manifestó que es positivo que se preste atención a la problemática penitenciaria y a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. No obstante, remarcó que estos establecimientos deben cumplir con los estándares internacionales para garantizar un adecuado tratamiento de los internos.
