El Gobierno de Dina Boluarte respondió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) respecto al proyecto de ley promovido por el Congreso para la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados antes del 2002.
Durante la audiencia, los agentes de Estado en su exposición negaron algún tipo de afectación a casos como La Cantuta y Barrios Alto, luego que las víctimas presentaran una petición de medidas provisionales.
“Esta Corte, como maestra de su propia competencia, debe declarar que no existe vinculación por los hechos que ahora se pretenden traer a su competencia y desestimar medidas provisionales requeridas”, indicó el agente del Estado peruano, César Pastor Briceño.
El letrado sostuvo que aprobarse no aplicaría en, por ejemplo, en el caso La Cantuta y Barrios Alto porque en la condenada ninguno es por delitos de lesa humanidad, sino por tipos comunes homicidio calificativo, secuestro y lesiones.
“Si bien las sentencias señalaban que esto fue en un contexto de violaciones a los derechos humanos o compatibles con actos de lesa humanidad, los tipos penales utilizados no han sido tales”, refirió.
Asimismo, en la respuesta del Gobierno se señala que no permitir al Congreso legislar es atentar contra “un principio sagrado”.