La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, ante el riesgo que representa un proyecto de ley promovido por el Congreso que prescribe los delitos de lesa humanidad.
El pleno del Parlamento aprobó, en primera votación, esta iniciativa que daría impunidad y falta de acceso a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como el mencionado anteriormente. Para su confirmación, debe pasar por un segundo debate.
Mediante Resolución de 1 de julio de 2024, la Corte IDH requirió al Perú “que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”.
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se expresó en contra de esta decisión y aseguró que este órgano judicial internacional habría caído en un error.
“No es competencia ni del Ejecutivo, ni del Congreso, ni del Poder Judicial dejar sin efecto una ley, sino del Tribunal Constitucional que es un órgano autónomo que no forma parte del Estado”, manifestó.