El Gobierno oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) mediante el Decreto Legislativo N° 1710, publicado en el Diario Oficial El Peruano, quedando disuelto el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La Sunir será un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público y con autonomía administrativa, funcional y financiera. Se constituirá como un pliego presupuestal.
El dispositivo legal aprueba la fusión por absorción del INPE, Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres), proceso que concluirá en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la constitución de la respectiva comisión de transferencia.
El Ejecutivo justifica que la creación de esta superintendencia busca “reducir las condiciones estructurales que facilitan la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional, garantizando el control, la seguridad, la protección de derechos y los procesos de resocialización y reinserción social de internos y adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Funciones
El decreto legislativo precisa que la Sunir, dentro del ámbito de su competencia, ejercerá la función de dirigir, regular y supervisar el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social, además de fortalecer el modelo de gestión penitenciaria y juvenil, y los mecanismos de participación ciudadana.
Asimismo, administrará y gestionará los establecimientos penitenciarios, los centros juveniles de internamiento, los servicios de orientación al adolescente y los centros y programas de post-egreso a nivel nacional.
También conducirá la intervención del tratamiento penitenciario y el tratamiento especializado de menores en conflicto con la ley penal, así como la asistencia post-penitenciaria y de post-egreso juvenil.
Asimismo, diseñará, implementará y supervisará los sistemas de seguimiento y evaluación continua del tratamiento penitenciario y juvenil y la asistencia post-penitenciaria y de post-egreso juvenil, y garantizará las condiciones de internamiento y supervisión diferenciadas para la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
El decreto legislativo lleva la firma del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
