El Congreso de la República inhabilitó por diez años a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien no podrá ejercer ningún cargo público ni función en el Estado durante ese periodo tras la aprobación de dos reconsideraciones y una nueva votación en el Pleno.
La decisión se tomó luego de que un primer intento fracasara por falta de votos, pero finalmente la sanción se impuso con 71 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, en una sesión con 116 parlamentarios presentes.
La acusación se centra en su supuesto respaldo al reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, señalado por los denunciantes como contrario a la Ley 32130, aunque informes oficiales atribuyen la adopción de ese texto a la gestión interina de Juan Carlos Villena y no a un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos.
El informe avalado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sostiene que Espinoza vulneró los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución, configurando presuntas infracciones y los posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Durante su defensa ante el Pleno, Espinoza calificó el proceso como arbitrario, denunció una “venganza política” por las denuncias constitucionales que interpuso contra varios congresistas y advirtió que la decisión golpea la independencia del Ministerio Público.
Parlamentarias como Susel Paredes, Sigrid Bazán y Flor Pablo denunciaron presiones y arbitrariedades, mientras que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, celebró la inhabilitación y llegó a tildar a la exfiscal de “desquiciada”, agudizando la polarización en el Legislativo.
En paralelo, toma fuerza una eventual segunda inhabilitación, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara otro informe final que propone excluir nuevamente a Espinoza de la función pública por diez años por la denuncia que presentó contra once legisladores que apoyaron una ley que permite a exmilitares y expolicías cobrar a la vez pensión y remuneración.
Ese documento, elaborado por el congresista Elvis Vergara, también le atribuye infracciones a los artículos 45, 93 y 139 de la Carta Magna y la posible comisión de abuso de autoridad y prevaricato, mientras la defensa de la exfiscal sostiene que actuó dentro de sus competencias constitucionales en defensa de la legalidad.
