El Gobierno aprobó mediante decreto supremo la Ley N° 27692, que regula a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo de asegurar que los fondos provenientes del exterior sean utilizados en proyectos de interés público.
Con esta medida, la APCI tendrá la responsabilidad de planificar, coordinar, registrar y fiscalizar los recursos destinados a programas sociales y de desarrollo como las ONGS.
En la Picantería de Radio Yaraví se discutió la creación de la norma que se dirige principalmente a las ONGS. Los especialistas señalaron que el objetivo es controlar los organismos sociales a fin de limitar sus funciones.
El antropólogo Eduardo Ballón, sostuvo que la medida trata de justificar las acciones del Gobierno de Dina Boluarte, para frenar la defensa de los derechos humanos que tienen como objetivo las ONG.
“Por más de 20 años la Agencia Peruana de Cooperación Internacional no ha encontrado ni una sola institución social con vínculos o desvíos de fondos a la subversión o a fines distintos a lo de su creación”, sostuvo.
Por su parte la responsable de la unidad de incidencia y comunicación de Dercosur en Arequipa, Patricia Pinto, señaló que los Gobiernos ven como una amenaza a las ONG, ya que son quienes les recuerda a las autoridades sus malas acciones en contra de los sectores más vulnerables.
Asimismo, indicó que este tipo de leyes son consideradas “antiONG”, dado que limita su competencia.
“Quieren callar las voces críticas, en el nuevo reglamento se interpreta que las ONG van en contra del orden público. Por ejemplo, si asisto a un taller y converso con la población sobre sus derechos y deberes, es considerada una falta al orden público”, expresó.
Se concluyo que con el nuevo reglamento de la Ley APCI, existe una intención política para controlar las organizaciones sociales con sanciones desproporcionadas.