Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la primera presidente mujer del Perú, fue destituida de su cargo de forma inesperada la madrugada del viernes 10 de octubre por el Congreso de la República. De esa manera se puso fin a su gobierno que duró dos años y 10 meses, una gestión marcada por el aumento indiscriminado de la violencia, escándalos de corrupción de toda clase y una baja popularidad que llegó al 2%.
Boluarte nació en Chalhuanca, Apurímac, una ciudad ubicada en una región mayoritariamente indígena donde el quechua es una lengua común. Eligió formarse como abogada de profesión. Se presentó en las elecciones municipales de 2018 como candidata a la alcaldía de Surquillo por el partido Perú Libertario, sin embargo, no tuvo éxito.
Pero su camino en la política cambiaría en 2021, cuando fue elegida como vicepresidenta en el cuadro de Perú Libre con Pedro Castillo, un profesor sin experiencia política que usó la imagen del hombre del pueblo para conquistar la mente de las personas y obtener su voto, de tal modo que ganó las elecciones generales en un reñida competencia en segunda vuelta con Keiko Fujimori.
El 7 de diciembre del 2022 el entonces mandatario Castillo intentó disolver el Congreso de la República y establecer un “gobierno de excepción”, sin embargo, no supo mover las fichas del tablero, ocasionando su irremediable destitución. Pocas horas después su vicepresidenta Dina Boluarte, que antes había manifestado renunciar si el jefe de Estado era vacado, acudió directamente al Parlamento para jurar como nueva presidente de la República. La película de terror estaba por comenzar.
Protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023
La gente estaba molesta, el Congreso había despojado al presidente de sombrero cajamarquino y camisa blanca de su cargo. Miles de personas protestaron en contra del gobierno de Dina Boluarte a fin de exigir su renuncia. Los episodios con mayor repercusión política fueron la segunda marcha de los Cuatro Suyos que duró del 19 al 21 de enero, la tercera Toma de Lima el 19 de julio y la paralización de Puno de diciembre a marzo. Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se registraron 50 civiles fallecidos por la represión de las fuerzas del orden.
En Juliaca, el 9 de enero de 2023, Marco Antonio Samillan Sanga, estudiante de medicina de 30 años, salió de su casa tras ser informado de que había personas heridas en la zona cercana al aeropuerto. Le dispararon cuando estaba terminando de asistir a una persona herida. La autopsia confirmó que fue alcanzado por una bala que entró por el riñón y salió por el pecho.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado a partir de datos del Ministerio de Salud y otras instituciones, hasta el 7 de marzo se contabilizaron 1935 heridos:1846 adultos, 47 niños y 42 casos sin precisar. Del total, 954 eran civiles, 955 pertenecían a la Policía Nacional del Perú y 26 miembros de las Fuerzas Armadas.
Las víctimas se distribuyeron en 16 regiones del país, concentrándose principalmente en Lima, Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ayacucho, La Libertad e Ica. De los heridos, 168 presentaron lesiones por arma de fuego, 68 por perdigones y 26 por esquirlas, reflejando la magnitud de la violencia que marcó las jornadas de protesta. Esto llevó al Ministerio Público a iniciar una investigación contra la presidenta y parte de su gabinete por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves.
El caso “El Cofre” y el caso Rolex Gate
Las malas decisiones de Dina Boluarte continuaron al año siguiente. Empezó el 2024 como la presidenta con la aprobación más baja de América Latina. En una encuesta, Datum Internacional situó su rechazo en un 93%, mientras que el estudio de CPI le otorgó un 0% de popularidad entre los jóvenes de 18 a 24 años, una cifra inédita para un jefe de Estado peruano.
El año no podía iniciar peor. En enero, durante un acto público en Ayacucho, una viuda de las víctimas de las protestas la agarró del cabello. Fue el retrato exacto de su relación con el país. Pero el verdadero escándalo llegaría meses después, cuando su nombre apareció vinculado al caso “El Cofre”.
Según la Fiscalía, Boluarte habría utilizado el vehículo oficial del Estado para ayudar a Vladimir Cerrón, su ex aliado y ahora prófugo, a escapar de un operativo en el balneario de Asia. La fotografía del carro presidencial estacionado en la zona fue suficiente para que el Ministerio Público presentará una denuncia constitucional contra la presidenta por encubrimiento personal, y contra su entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por complicidad.
Siguiendo su mala racha, el 14 de marzo del 2024, un informe de La Encerrona realizado por Ernesto Cabra, reveló a través de un análisis de fotografías que la jefa de Estado tenía en su posesión una amplia colección de relojes Rolex de lujo que no habían sido declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNJ).
Ante este escándalo el Ministerio Público inició con las investigaciones y la respuesta de Boluarte no se hizo esperar. Mediante un mensaje a la nación rechazó tajantemente todo tipo de irregularidades en su patrimonio y aseguró que sus joyas las compraba de la empresa Unique Yanbal. Asimismo, había explicado que sus bienes, incluyendo un Rolex valorado en aproximadamente 14 mil dólares, son antiguos, fruto de su esfuerzo y trabajo. Sin embargo, poco después se retractó e indicó que fueron préstamos por parte de su ‘wayki’ Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho.
Este hecho llevó a que su propio partido, Perú Libre, iniciara la recolección de firmas para presentar una moción de vacancia, pero solo logró reunir el apoyo de 26 de los 130 congresistas. A muchos legisladores no les convenía que la expresidenta dejara el cargo, ya que, de aprobarse un juicio político contra Boluarte, esto podría desencadenar un adelanto de elecciones. Y eso implicaría que ellos también tendrían que dejar sus curules, algo que por supuesto no están dispuestos a enfrentar hasta 2026.
Las cuatro cirugías estéticas
A través del semanario de Hildebrandt en sus Trece, en mayo de 2024, se reveló que la mandataria se habia ausentado misteriosamente entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023 para realizarse una rinoplastia y una serie de intervenciones quirúrgicas estéticas de rejuvenecimiento facial.
Intentó ocultar un secreto que salta a la vista. Desde mediados de 2023 su rostro se muestra notoriamente más lozano, con menos arrugas, menos bolsas en los ojos y una nariz más perfecta. Si lo comparamos con fotos a inicios de su gestión será más que evidente la transformación.
Siete meses tardó Dina Boluarte en admitir que había pasado por el quirófano y claro, no fue por voluntad propia, sino porque su entonces primer ministro, Alberto Otárola, la dejó al descubierto al confesar que la presidenta se había operado la nariz.
El problema no fueron las cirugías, sino la omisión de actos funcionales y abandono del cargo, tras confirmarse que no informó ni al presidente del Consejo de Ministros ni al titular del Congreso sobre su ausencia. La mandataria, que siempre exige “respeto institucional”, olvidó cumplir el suyo.
Aumento de sueldo y la inseguridad
Los primeros meses del 2025, el país vivió uno de los peores momentos de su historia. El crimen organizado empezaba a tomar fuerza en Lima y otras regiones del norte del país. Muchas personas murieron a causa de las extorsiones. Comerciantes, músicos, transportistas y empresarios buscaron ayuda en la Policía Nacional del Perú, pero poco hicieron por frenar la delincuencia. Cientos de personas tuvieron que cerrar sus negocios por temor a las represalias.
Y mientras tanto, en el Ejecutivo, se aprobaba un aumento salarial para la propia presidenta. De los 16 mil soles que percibía inicialmente, Dina Boluarte pasó a ganar 35 mil 568 soles mensuales. Ella y su gabinete justificaron el incremento argumentando que los mandatarios de otros países de América Latina ganan más. Ese monto es casi 35 veces superior al salario mínimo mensual, que asciende a 1.025 soles.
Tan solo un mes después, la exmandataria promulgó la ley de amnistía a los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por violaciones contra los derechos humanos cometidos durante la época del terrorismo con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
La nueva disposición generó la indignación de los familiares de las víctimas. Se estimó que la norma afectó un promedio de 150 sentencias y 600 juicios en curso. Las madres e hijas que esperan justicia por años para sus seres queridos, nunca la encontrarán.
Ataque armado a la agrupación musical Agua Marina
La gota que derramó el vaso fue el ataque armado durante un concierto de Agua Marina en Lima. El tiroteo evidenció el nivel de inseguridad que el gobierno de Dina Boluarte no supo controlar. El país ya vivía una escalada de violencia, extorsiones y asesinatos, mientras la presidenta insistió en minimizar la crisis.
El incidente desató una tormenta política. Las críticas se multiplicaron y el Congreso, que hasta entonces había postergado su salida, encontró el motivo perfecto para actuar. Se dieron cuenta que ya no la necesitaban.
La madrugada del 10 de octubre de 2025, el Parlamento aprobó por unanimidad la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, con 122 votos a favor. Sin respaldo político ni social, Dina Boluarte fue destituida tras dos años y 10 meses de una gestión marcada por la represión, los escándalos y una popularidad que nunca superó el 5%.
Minutos después, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió el mando de forma interina, y así terminó el gobierno de Dina Boluarte, entre denuncias, violencia y deslegitimidad. Su salida no sorprendió a nadie, solo confirmó lo que el país ya sabía. El poder se le había ido de las manos mucho antes de perder el cargo.
