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Fernando Rospigliosi tras librarse de sanción electoral: “Yo espero que eso no vuelva a ocurrir”

JNE resolvió a favor de presidente del Congreso sobre caso de la cámara utilizada para mitin de Fuerza Popular.

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El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego de resultar librado de una sanción en el caso del uso de una cámara del Parlamento para grabar un mitin de partido Fuerza Popular.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar fundado el recurso de apelación que interpuso por el titular de la Mesa Directiva del Parlamento, contra la resolución del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo que advierte que infringió la neutralidad electoral.

“Espero que no haya otro tipo de cosas como las que ha hecho este jurado de Pacasmayo, que realmente interfieren en el buen desarrollo de las elecciones”, manifestó.

Según el fallo del JNE, la responsabilidad directa por el uso del patrimonio para fines distintos a los institucionales es de la Oficialía Mayor y no del presidente del Congreso.

Lejos de anunciar la adopción de medidas para evitar el uso de bienes del Estado y personal para campaña electoral, invocó a los trabajadores del Legislativo a no cometer estas faltas.

“Yo espero que eso no vuelva a ocurrir, que los trabajadores del Congreso tengan más cuidado y que no se vuelva a repetir un hecho de esta naturaleza”, manifestó.

¿Qué resolvió el JEE Pacasmayo?

En la Resolución N° 00133-2025-JEE-PCYO/JNE, emitida el último 13 de noviembre, se señala que Fernando Rospigliosi determinó que no tomó medidas suficientes para salvaguardar el patrimonio estatal y prevenir su uso en actividades proselitistas.

“Como máxima autoridad administrativa del Congreso de la República, tenía el deber ineludible de cautelar el patrimonio estatal y garantizar que ningún recurso bajo el ámbito de su competencia fuera usado con fines de promoción política”, se lee.

Con todo ello, el ente electoral dispuso remitir copias del caso al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Congreso de la República, para que evalúen posibles responsabilidades penales y administrativas.