En declaraciones a la prensa, el aspirante al sillón regional de La Libertad por Somos Perú, Aldo Carlo Mariños, aseguró que “el Gobierno Regional tiene 69 obras trabadas por corrupción”. Sin embargo, tras contrastar esta declaración con los registros de la Contraloría General de la República, PerúCheck advirtió que la cifra no corresponde a la actualidad.
Además, el total del universo de proyectos no es de competencia exclusiva del Gobierno Regional y las causas de paralización obedecen a múltiples factores técnicos y financieros.
Los datos oficiales de la Contraloría en La Libertad
La región de La Libertad registra un total de 92 obras públicas paralizadas —superando los 69 proyectos referidos por el candidato regional—, según el Informe de Obras Paralizadas en el Territorio Nacional a junio de 2026 de la Contraloría General de la República.
Estos expedientes detenidos representan un costo de inversión actualizado de S/3,650 millones y un saldo de inversión pendiente por ejecutar de S/ 1,706 millones.
Según los diversos informes de la Contraloría, en términos generales, las obras paralizadas no dependen exclusivamente del Gobierno Regional. Los proyectos detenidos se distribuyen transversalmente entre los tres niveles de gobierno:
- Gobiernos locales: concentran la gran mayoría de las obras paralizadas a través de las municipalidades provinciales y distritales.
- Gobierno nacional: agrupa proyectos bajo la ejecución de ministerios y organismos centralizados en la región.
- Gobierno regional (GORE): administra únicamente una fracción menor del total de la infraestructura detenida.
Causas técnicas, legales y financieras
Si bien existen investigaciones fiscales por presunta corrupción y anomalías en contrataciones públicas dentro de la región, los informes técnicos de la Contraloría señalan que los motivos principales por los que los proyectos se quedan paralizados son de carácter administrativo, técnico y presupuestal, entre ellas:
- Incumplimiento de contratos: empresas ejecutoras que abandonan las obras o incumplen los plazos previstos en los cronogramas.
- Deficiencias en los expedientes técnicos: diseños e ingenierías defectuosas desde su formulación inicial que impiden continuar con los trabajos en campo.
- Falta de presupuesto o liquidez: entidades públicas que se quedan sin recursos financieros para cubrir las valorizaciones mensuales.
- Arbitrajes y controversias legales: disputas jurídicas entre el Estado y los contratistas que entrampan la ejecución de los proyectos.
En conversación con PerúCheck, el especialista en contrataciones del Estado, Ronald Benites, explicó que “no es común que una obra se paralice por corrupción; normalmente las obras se paralizan por controversias en la ejecución contractual”.
“La Ley General de Contrataciones establece una serie de controversias que se pueden presentar entre el contratista y la entidad como por ejemplo un expediente técnico mal hecho, y surgen los famosos adicionales que muchas veces solicitan los contratistas porque no estaba incluida en el expediente técnico”, agregó el experto.
En esa línea, Benites aclaró que “cuando se denuncia a un contratista o a una entidad por un tema de corrupción, en realidad no se paraliza la obra”. “La obra continúa e incluso llega a concluirse, y el proceso judicial de esa denuncia también continúa y puede durar años”.
PerúCheck trató de comunicarse con el candidato Aldo Carlo Mariños, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos su respuesta.
Conclusión
La Libertad afronta una problemática de infraestructura paralizada que asciende a 92 obras por más de S/ 3,650 millones. Atribuir dichos proyectos en su totalidad al Gobierno Regional y reducir su causa únicamente a la corrupción contradice los datos técnicos oficiales de los órganos de control de la Contraloría. Por esa razón, PerúCheck determina que la afirmación del candidato regional Aldo Carlo, de Somos Perú, es falsa.
