El reporte de conflictos presentado por la Defensoría del Pueblo, evidenció que en Arequipa se registró la muerte de más de 60 personas en los últimos tres años a raíz de la disputa de terrenos para desarrollar campamentos mineros informales y beneficiarse de la extracción ilegal en las diferentes provincias de la región. 

El representante, Ángel María Manrique, precisó que desde agosto del 2023 se tiene seis conflictos activos, cuatro de ellos son por la pugna y conquista de territorios como el distrito de Choco (Castilla), Rio Grande (Condesuyos), Atico, Intigold contra Calpa Renace en Caraveli y en Uchumayo. Los otros dos son conflictos sociales que se dan en Islay con Tía María y Majes Siguas ll. 

“Los espacios de diálogo no están teniendo los resultados debidos, lo que se está dando es un mayor grado de enfrentamiento con el uso de armas de fuego. Invocamos al nuevo gerente de energía y minas para qué haya un rol más activo en fiscalización en las provincias”, dijo. 

Manrique puntualizó que, la nueva gestión de Iván Prado es priorizar e implementar un plan verdadero de fiscalización y se asignen los recursos económicos para realizar la visita en campo con un mayor personal con lo que se podría abrir procesos y sancionar a los mineros informales. 

“Estos conflictos ya se encuentran en la ciudad de Arequipa y ya no podemos ser ajenos a esta problemática”, indicó. 

Solo en el conflicto de Intigold de hace unos meses atrás, se tuvo 16 fallecidos, evidenciando que con el conflicto minero solo se genera problemas de seguridad en el tema laboral y seguridad a la salud como lo ocurrido durante la explosión en un socavón de la mina artesanal ubicada en el centro poblado de Ispacas, distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos con la muerte de los 27 mineros que quedaron atrapados.

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