MIAMI — Un tribunal federal de Miami ordenó el pago de 314 millones de dólares en indemnizaciones a tres ciudadanos estadounidenses que sufrieron secuestros y torturas en Venezuela. El juez Darrin P. Gayles dictó una sentencia contra Nicolás Maduro y el empresario colombiano Álex Saab, varios funcionarios venezolanos y el Cartel de los Soles, debido a que ninguno de los acusados respondió a la demanda presentada ante la justicia de Estados Unidos.
El mecanismo «de rehenes»
La resolución judicial ratifica que las detenciones de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval formaron parte de una estrategia política. El régimen venezolano utilizó a estos ciudadanos como piezas de intercambio para presionar a Washington tras la captura y extradición de Álex Saab, operador financiero del chavismo. Los tres norteamericanos fueron liberados finalmente a finales de 2023 durante un canje diplomático entre ambos gobiernos.
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Las víctimas pasaron meses recluidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, donde sufrieron abusos físicos y psicológicos severos:
- Jerrel Kenemore (643 días detenido): Sufrió privación de agua y comida, aislamiento y abusos psicológicos que lo llevaron a intentar suicidarse en dos ocasiones.
- Jason Saad (560 días detenido): Permaneció atado de pies y manos en posiciones de estrés que le desgarraron los tendones del brazo y perdió dos piezas dentales.
- Edgar José Marval (123 días detenido): Recibió golpizas continuas que le provocaron una fractura en la espalda y dolores crónicos.
Cálculo de la indemnización
Para fijar la compensación, el juez aplicó una fórmula de 20,127 dólares por cada día de cautiverio, sumó los daños por las torturas y triplicó el monto final bajo lo establecido por la Ley Federal Antiterrorista. Las acciones fueron tipificadas como terrorismo internacional y delincuencia organizada (RICO).
Por otro lado, la actual mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quedó excluida del dictamen definitivo tras invocar con éxito su inmunidad como jefa de Estado ante demandas civiles. El documento de la corte de Florida no especifica cuáles activos congelados se utilizarán para realizar el cobro efectivo de la millonaria penalización.
