El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Izcarra Pongo, denunció que las paralizaciones registradas en la construcción del Módulo Básico de Justicia de Cerro Colorado podrían constituir delitos como coacción o extorsión, debido a que estarían orientadas a forzar la contratación de más trabajadores vinculados al sindicato de Construcción Civil. Por estos hechos, confirmó que ya existe una investigación en curso en el Ministerio Público.
Según explicó, las medidas de protesta se habrían originado porque trabajadores del gremio exigen la incorporación de 2 trabajadores adicionales al proyecto. Sin embargo, indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa ejecutora, estas personas no cumplirían con los perfiles requeridos para los puestos solicitados.
“Si una persona es obligada a hacer algo que no desea y que la ley no exige, podría configurarse un delito. La calificación legal corresponderá al fiscal o al juez que evalúe el caso”, manifestó Izcarra.
La autoridad judicial informó que hasta el momento se han registrado tres paralizaciones de la obra: tres días en marzo, un día en abril y cuatro horas en mayo. Estas interrupciones han provocado un retraso superior al 1 % en el cronograma de ejecución y pérdidas estimadas en S/ 80 mil por horas hombre no laboradas y costos logísticos.
Actualmente, el proyecto cuenta con 85 trabajadores, de los cuales 19 pertenecen a Construcción Civil. Pese a ello, las protestas continuaron para exigir la contratación de más personal.
Izcarra precisó que la obra registra un avance físico del 13.8 % y se ejecuta con una inversión superior a los S/ 45 millones a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. Asimismo, advirtió que nuevas paralizaciones podrían generar mayores retrasos e incluso afectar los plazos previstos para su culminación.
