Todo empezó con el retiro inesperado del expresidente Pedro Castillo, cuando intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Esta situación llevó al Congreso de la República a destituirlo de su cargo con una vacancia por incapacidad moral. Su lugar fue tomado por la vicepresidenta Dina Boluarte. Gran parte de los peruanos creyeron que renunciaría al cargo, pero no retrocedió. Decidió tomar la presidencia por sucesión constitucional a pesar de que había jurado ante cientos de peruanos ser leal a Castillo.
Ese mismo día, las primeras movilizaciones empezaron en el sur del país. En la región de Apurímac, la población se levantó, estaban molestos e indignados por la salida de Castillo Terrones. No aceptaban la decisión del Congreso, que tacharon en su momento de “corruptos”. Era de esperarse, el expresidente llegó al poder por el apoyo de las regiones rurales que veían en Castillo su salvador ante las dificultades que padecen día a día.
Las protestas se extendieron por todo el sur del país, mayormente en las regiones de Apurímac, Arequipa, Puno y Cuzco. Miles de peruanos salieron a las calles a dar a conocer su rechazo a las acciones tomadas por el Gobierno. Fue el domingo 11 de diciembre cuando se dio la noticia de los primeros fallecidos. Nadie imaginó que serían tan jóvenes y que, además, uno de ellos no participaría de manera directa en las protestas. Ellos eran Beckham Romario Quispe Garfias, de solo 18 años, y otro joven menor de edad, de iniciales D.A.Q., de solo 15 años.
A Romario lo mató un proyectil de arma de fuego en la cabeza. Él se encontraba participando en las manifestaciones en Apurímac contra la asunción de Dina Boluarte como la nueva presidenta del Perú. “Ese día, el 11 de diciembre, la policía asesinó a mi hijo en el aeropuerto. Él solo había ido a mirar la manifestación por curiosidad, no a participar”, relata Dany Quispe, padre de Beckham Romario Quispe.
Por su parte, la necropsia de la otra víctima menor de edad, arrojó que recibió un perdigón debajo del mentón, ocasionando un traumatismo severo y finalmente terminando con su vida.
Al día siguiente, 12 de diciembre, murieron 5 personas más en las protestas de Apurimac. Estos lamentables eventos causaron indignación en toda la población sureña. Fue el detonante para iniciar con mayor fuerza las protestas. Entendieron que el Gobierno estaba dispuesto a acabar con sus vidas si no se detenían, pero no les importó, continuaron con la lucha de hacer valer su derecho a la libertad de expresión.
Cada día, las acciones represivas llevadas a cabo por las fuerzas del orden y militares adquirieron un alto nivel de violencia sin ningún tipo de exclusión. Según un informe de Amnistía Internacional Perú (2023), se dio a conocer que, en los intentos de controlar las manifestaciones, dichas fuerzas de seguridad hicieron uso de fusiles, municiones y disparos directos contra los manifestantes. Los fallecimientos de los civiles representaron acciones condenables que aumentaron la crisis en el país.
La masacre de Ayacucho
Una de las fechas consideradas más violentas fue el 15 y 16 de diciembre de 2022 en la región de Ayacucho. Cientos de pobladores se concentraron en los exteriores del aeropuerto y en diferentes partes de la ciudad de Huamanga, reclamando la renuncia de Boluarte y del Congreso; también pedían la realización de una Asamblea Constituyente. El control policial fue nuevamente violento, cobró la vida de 10 personas y dejó centenares de heridos a causa de balas, perdigones y bombas lacrimógenas.
La mayoría de las víctimas no participaba en las manifestaciones. Este episodio de violencia fue denominado “la masacre de Ayacucho”. Actualmente, se investiga a 27 miembros del Ejército peruano por este caso, que dejó en total 55 personas agraviadas. Entre los muertos no figuraban vándalos, sino adultos mayores y menores de edad; algunos habían salido a protestar y otros simplemente transitaban sin saber que había un fuego cruzado. Uno de ellos fue Clemer Fabricio Rojas, quien bailaba danzas tradicionales. Su familia lo describe como una persona alegre. Estudiaba y soñaba con ser mecánico automotriz. No se merecía ese final.
Casi una veintena de fallecidos en Puno, Juliaca
A inicios de 2023, el 9 de enero, se registró una protesta en la ciudad de Juliaca, región Puno. Aunque el escenario no fue distinto al de movilizaciones anteriores, la magnitud de la violencia sí marcó un punto de quiebre. En los alrededores del aeropuerto Inca Manco Cápac murieron 18 personas y más de 100 resultaron heridas, en hechos ocurridos en presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú y, en algunos casos, de las Fuerzas Armadas. Así lo señala un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por estos sucesos, 19 policías son investigados.
En la misma región, la Fiscalía abrió además tres investigaciones contra 24 efectivos policiales, señalados como presuntos coautores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Los procesos están vinculados a la muerte de Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar durante la manifestación ocurrida el 18 de enero de 2023 en Macusani, ampliando el alcance de las indagaciones sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones.
Fallecidos en otras regiones
A casi tres años de los hechos, en Arequipa murieron tres personas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. En diciembre, Miguel Arcana falleció en el sector de Ciudad Municipal tras recibir un proyectil que comprometió órganos vitales. Ese mismo mes, Xavier Candamo Da Silva perdió la vida luego de ser impactado por un proyectil durante las manifestaciones en Chala. En enero, Jan Carlo Condori Arcana murió en pleno desarrollo de las protestas, tras recibir un impacto en el abdomen cuando se encontraba en el puente Añashuayco, en Cerro Colorado.
En la región Junín, los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú dejaron tres personas fallecidas y al menos 52 heridas, de acuerdo con la Dirección Regional de Salud. Los hechos ocurrieron en el puente Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo, que permanecía bloqueado por los protestantes. Ante estos sucesos, la Fiscalía abrió investigación contra el jefe de la VI Macro Región Policial de Junín, Gregorio Villalón; el jefe de la División Policial de Chanchamayo, César Chávez; y el comisario de Pichanaqui, Jonny Vargas, como presuntos responsables por omisión del delito de homicidio calificado en agravio de las tres víctimas, entre ellas un menor de 17 años, Diego Galindo, y Ronaldo Barra.
El último fallecido
A más de tres meses de iniciado el ciclo de protestas, el nombre de Rosalino Flores se sumó a la lista de víctimas mortales. El joven cusqueño de 22 años falleció tras permanecer dos meses internado, a consecuencia de los 36 perdigones que recibió durante la represión policial, su cuerpo no resistió la gravedad de las heridas. Su muerte evidenció, una vez más, el impacto prolongado de la violencia estatal, cuyos efectos no siempre son inmediatos, pero sí letales.
En este caso, a diferencia de otros, se registró un avance judicial. El suboficial de la Policía Nacional del Perú identificado como Joe Erik Torres Lovón fue sometido a un proceso penal y sentenciado a 18 meses de prisión preventiva.
La sangre derramada en las protestas contra Dina Boluarte
Durante las movilizaciones registradas entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, la respuesta del Estado fue letal. Efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas emplearon balas, perdigones y gas lacrimógeno, lo que dejó al menos 50 personas muertas y más de 1 400 heridas en distintas regiones del país. Con el paso de los meses, el saldo total de fallecidos ascendió a 61.
De ese total, 49 eran civiles que, presuntamente, perdieron la vida a manos de las fuerzas del orden durante los enfrentamientos. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 47 murieron por proyectiles de arma de fuego y dos por el impacto directo de bombas lacrimógenas. Estos datos refuerzan el hecho de que la represión no fue un hecho aislado, sino una estrategia intencional y coordinada, lo que abre la posibilidad de responsabilidades en los más altos niveles del Estado, incluida la presidenta Dina Boluarte y su gabinete.
En ese contexto, la Fiscalía del Perú investiga a más de 150 policías y militares por la presunta muerte o lesiones de centenares de ciudadanos; en concreto, hasta 267 personas habrían sido afectadas por la violencia policial y militar durante las protestas. Paralelamente, desde la Policía, las Fuerzas Armadas, un sector del Congreso y la propia presidenta se intentó justificar las muertes calificando, sin pruebas, a las víctimas como terroristas o vándalos, una narrativa que profundizó la fractura entre el Estado y la ciudadanía movilizada.
Las protestas iniciadas tras la caída de Pedro Castillo marcaron uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del Perú. Lo que comenzó como una expresión de descontento social derivó en una respuesta estatal desproporcionada, que dejó decenas de muertos, cientos de heridos y familias que hoy solo viven con el recuerdo de sus seres queridos.
En este contexto, las declaraciones del presidente Congreso, Fernando Rospigliosi, resultan preocupantes. El parlamentario presentó un proyecto de ley que propone eximir de responsabilidad penal a policías y militares cuando hagan uso de sus armas en defensa del orden constitucional, una iniciativa que además plantea aplicarse a hechos ocurridos en 2022 y 2023. Lejos de contribuir al esclarecimiento de las muertes, esta propuesta amenaza con cerrar el camino a la justicia, consolidando la impunidad y debilitando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Así, el país enfrenta una disyuntiva crucial, prefiere elegir el olvido que asumir la responsabilidad. Las pérdidas de todos los civiles en las protestas no debe quedar sin sanción, sus muertes deben tener justicia y los responsables deben enfrentar los cargos que merecen por sus acciones.
