El pleno del Congreso de la República no alcanzó los votos suficientes aprobar el informe final que propone inhabilitarla por 10 años de la función pública a la extitular del Ministerio Público y fiscal suprema, Delia Espinoza.
El Parlamento necesitaba 68 votos a favor reglamentarios para que proceda el dictamen, previamente visto en la Comisión permanente. Sin embargo, se obtuvo 57 votos a favor, 16 en contra y seis abstenciones.
Esto alcanzó únicamente para abrir causa penal contra Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato. Mientras que la denuncia constitucional fue enviada al archivo.
Se le imputaba por supuesta infracción constitucional relacionada con la elaboración de un reglamento en el Ministerio Público. También alcanzaba a Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez.
Durante el debate, la exfiscal de la Nación calificó de nefasta, arbitraria, abusiva y con conflicto de intereses la intención de un grupo de parlamentarios de inhabilitarla.
“Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a regresar. Manchar o truncar una carrera solamente por votos o por odio, venganza o por revancha, no importa, pero la historia va a juzgar todo esto”, refirió.
Otra en camino
En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también se aprobó otra inhabilitación contra Espinoza al cuestionarse la denuncia constitucional que presentó contra 11 congresistas: José Williams Zapata, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez.
Los mencionados integraron la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en el periodo 2021-2022, y aprobaron el proyecto de ley que autorizaba miembros en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, puedan percibir su pensión y a la vez remuneración.
