En una decisión que ha generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que propone una amnistía para militares y policías procesados por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000). La iniciativa fue aprobada con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra, y ahora deberá debatirse en el Pleno.
El proyecto —impulsado por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y respaldado por bancadas conservadoras— alega que busca “proteger a quienes combatieron al terrorismo”. Sin embargo, no establece límites claros sobre las conductas que quedarían amparadas, lo que, según especialistas, podría abrir la puerta a la impunidad en casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Votaron a favor congresistas de Fuerza Popular (Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, Nilza Chacón, Rosangella Barbarán), Avanza País (José Williams, Alejandro Cavero), Renovación Popular (Alejandro Muñante, Noelia Herrera), APP (Juan Lizarzaburu, José Elías), Somos Perú (Jorge Morante, Alfredo Azurín), Honor y Democracia (Gladys Echaíz) y Acción Popular (Luis Aragón).
Votaron en contra Isaac Mita y Jorge Cruz (Perú Libre), Víctor Cutipa (JP-Voces del Pueblo), Alex Flores (Bancada Socialista), Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Heidy Juárez (Podemos Perú). Se abstuvieron Wilson Soto (Acción Popular), Segundo Quiroz y Alex Paredes (Bloque Magisterial).
Voces críticas: “Es una ley de impunidad”
El congresista Alex Flores cuestionó duramente la iniciativa y recordó casos emblemáticos como Accomarca, Putis y las fosas comunes de Ayacucho: “Los responsables siguen impunes. ¿Y se pretende darles amnistía?”, señaló.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque advirtió sobre la repetición de esquemas del fujimorismo: “Durante el régimen de Fujimori también se promovieron leyes para blindar violadores de derechos humanos. Hoy pretenden desconocer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, junto a juristas y activistas, ha denunciado que el dictamen vulnera principios del derecho internacional. “Este tipo de medidas debilitan el Estado de derecho y son contrarias a las obligaciones del Perú ante la comunidad internacional”, indicaron en un comunicado.
En la misma línea, Julissa Mantilla, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló: “El uso de amnistías para graves violaciones de derechos humanos ha sido rechazado por la Corte IDH y por el Tribunal Constitucional peruano. Este proyecto no solo es inconstitucional: es burdo”.
El proyecto plantea cerrar o impedir procesos judiciales contra agentes estatales que actuaron “en el contexto de la lucha contra el terrorismo”. Pero al no excluir crímenes de lesa humanidad ni establecer criterios legales claros, la norma podría derivar en nuevas denuncias ante instancias internacionales, como la Corte IDH.
De ser aprobado en el Pleno, el dictamen modificaría gravemente la política de justicia transicional del país, retrocediendo décadas de avances en derechos humanos.
