La congresista Susel Paredes presentó un proyecto de ley que propone que los funcionarios públicos investigados o procesados sean representados legalmente por la Defensa Pública, evitando así que el Estado destine recursos a la contratación de abogados privados.
La propuesta surge tras conocerse que el Ministerio del Interior pagó 80 mil soles para ejercer la defensa particular del ahora flamante titular de la cartera, Julio Díaz Zulueta, quien enfrenta acusaciones por el presunto delito de negociación incompatible.
El proyecto de Ley N°10634/2024 busca eliminar el derecho de los servidores civiles a contar con asesoría legal privada financiada con recursos estatales. En ese escenario, deberán recurrir a la Defensa Pública, incluso si han dejado de ejercer el cargo.
“Queda prohibida la contratación de defensa y asesoría legal privada con cargo a los recursos de la cualquier entidad del Estado”, señala el texto presentado.
Paredes fundamenta su propuesta señalando que, en los últimos años, se ha hecho un uso indebido de los recursos del Estado para la contratación de abogados de los funcionarios públicos.
Según un informe periodístico, el gobierno de Dina Boluarte gastó S/1.4 millones entre los años 2023 y 2024 en la defensa legal de exministros, miembros de la PNP y funcionarios del Ministerio del Interior.
