El local nocturno Jacarandá, ubicado en la calle Universidad N° 247 del Cercado de Arequipa, intentó reabrir sus puertas pese a tener vigente una orden de clausura, lo que motivó la intervención de las autoridades municipales.
Los medios de comunicación alertaron que el establecimiento había retirado los carteles de clausura, en respuesta, personal de Fiscalización, Seguridad Ciudadana y de la Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local acudió al lugar para reinstalar los avisos de cierre y reforzar la vigilancia en los alrededores.
Según informó Carlo Veliz, gerente de Servicios a la Ciudad, el local permanecerá bajo supervisión constante.
«Se vigilará permanentemente para evitar que vuelvan a abrirlo de manera irregular», declaró el funcionario.
La clausura, ejecutada el pasado 25 de septiembre, fue el resultado de una fiscalización en la que se detectaron varias infracciones. Aunque contaba con licencia para funcionar como cevichería, el negocio vendía bebidas alcohólicas sin la autorización correspondiente. Además, no tenía licencia para expendio de licor, lo que constituye una falta grave según las normas municipales.
A eso se suman deficiencias en materia de seguridad: extintores descargados, cables eléctricos expuestos y la ausencia de un acondicionamiento acústico, pese a ubicarse en una zona residencial. También se reportó una ampliación del local no autorizada y la falta de una carta de alimentos, requisito indispensable para locales con permiso de venta de comida.
Pese a haber renovado recientemente su Certificado de Inspección Técnica– ITSE, el establecimiento acumula ya cinco sanciones administrativas, todas relacionadas con ampliación de giro, condiciones sanitarias, riesgo eléctrico, acústica deficiente y extintores inoperativos. Por ello, el municipio anunció que mantendrá vigilancia en la zona y no descarta llevar el caso al Ministerio Público, en caso de una nueva reincidencia.
El caso del Jacarandá se enmarca en una problemática más amplia. De acuerdo con cifras de la propia Municipalidad Provincial, en lo que va del año se han clausurado 57 locales. De estos, cerca del 30% son discotecas que, según los informes municipales, operaban como prostíbulos encubiertos. Algunas lograron reabrir, lo que ha derivado en procesos sancionatorios e incluso penales.
