El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto el procedimiento de vacancia seguido contra el consejero regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares Riveros, y dispuso que el proceso sea reiniciado, debido a graves irregularidades en las notificaciones realizadas por el Consejo Regional.
El Consejo había solicitado al JNE designar al consejero accesitario tras declarar la vacancia de Linares; sin embargo, el organismo electoral precisó que no puede nombrarse a ningún reemplazo mientras no se verifique que la vacancia fue tramitada conforme a ley.
Notificaciones inválidas vulneraron el debido proceso
Tras revisar el expediente, el JNE concluyó que las notificaciones enviadas a Linares —tanto para citarlo a la sesión donde se evaluó su posible vacancia como para comunicarle el acuerdo regional— no cumplieron las formalidades legales previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG).
Las actas de notificación no consignaban la relación o parentesco de la persona que recibió los documentos y tampoco se respetaron los protocolos de entrega. Estas omisiones representan una vulneración del debido procedimiento administrativo, por lo que el JNE declaró nulo lo actuado.
Ordenan convocar una nueva sesión
Con la Resolución Nº 00563-2025-JNE, el organismo ordenó que el consejero delegado convoque a una nueva sesión extraordinaria, realizada correctamente y cumpliendo todos los requisitos de notificación. Además, el secretario del Consejo deberá informar si el acuerdo anterior fue impugnado o quedó consentido, bajo advertencia de sanciones por incumplimiento.
El JNE también advirtió que, si las deficiencias persisten, podría declarar improcedente el pedido de vacancia y remitir el caso al Ministerio Público.
Un proceso con trasfondo político
Miguel Ángel Linares acumuló inasistencias que configuraban causal de vacancia; no obstante, él mismo admitió que forzó su salida porque —según dijo— el Consejo Regional, presidido por Osías Ortiz, había perdido su rol de contrapeso del Ejecutivo, y que la mayoría oficialista bloqueaba sus labores de fiscalización.
