El secretario general del Sindicato de Construcción Civil, Lugue Espinoza, denunció una presunta criminalización de la protesta sindical y aseguró que algunas empresas constructoras recurren a denuncias contra dirigentes y trabajadores para debilitar la organización gremial, vulnerar derechos laborales y ocultar presuntos actos de corrupción.
El dirigente se refirió a la detención que afrontó semanas atrás, la cual calificó de «abusiva y arbitraria». Precisó que el proceso aún se encuentra en etapa de investigación.
Espinoza sostuvo que existe una persecución contra los representantes sindicales con el objetivo de limitar las acciones de defensa de los trabajadores.
Según indicó, los dirigentes son sometidos a procesos judiciales que pueden extenderse por varios años, situación que, a su juicio, busca desalentar las protestas y reclamos laborales.
«Nos están criminalizando. Lo que debería ser un reclamo de derechos ahora lo quieren tipificar como coacción o extorsión. ¿Cómo vamos a defender a los trabajadores, con la boca cerrada y de rodillas?», cuestionó.
El dirigente defendió las movilizaciones convocadas por el gremio y afirmó que las conquistas laborales del sector han sido producto de años de lucha sindical.
«Las grandes conquistas han costado dirigentes detenidos e incluso muertos. Lamentablemente, cuando es necesario, tenemos que salir a protestar», expresó.
Asimismo, recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el derecho a la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, por lo que consideró que exigir el cumplimiento de los derechos laborales no puede ser considerado un acto de coacción.
Cuestiona a empresas constructoras
Espinoza también afirmó que algunas empresas utilizan los conflictos laborales como argumento para solicitar ampliaciones en los plazos de ejecución de las obras, situación que, según dijo, termina favoreciéndolas.
En esa línea, cuestionó la ejecución de la obra de la carretera Cabrerías–Patahuasi, donde aseguró que existirían presuntas irregularidades.
El dirigente señaló que un porcentaje de los trabajadores contratados provendría de otras regiones y afirmó que algunos tendrían requisitorias. Sin embargo, no presentó documentación que respalde dichas afirmaciones.
Asimismo, sostuvo que la obra no contaría con supervisión externa, por lo que exhortó al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a realizar una inspección para verificar el desarrollo del proyecto del Gobierno Regional de Arequipa.
Finalmente, el secretario general de Construcción Civil sostuvo que en Arequipa continúan registrándose numerosas obras paralizadas debido a expedientes técnicos deficientes, falta de presupuesto y problemas en proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa por parte del Gobierno Regional.
