El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, John Mesías, cuestionó las últimas normas aprobadas en el Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana, entre ellas la Ley de Crimen Organizado que afecta la posibilidad de llegar a castigar los delitos.
Para el letrado hizo un primer cuestionamiento a la Ley 32108 con relación los allanamientos de inmuebles, donde ahora debe esperarse la presencia del abogado o defensor público.
“Va generar que los criminales escapen dentro de un código garantista que busca “a la medida” el hecho punible cuando se describe los hechos o se subsume el delito”, dijo.
Otra observación que hizo es que la modificatoria hoy establece nuevos requisitos para definir a los actores de una organización criminal. “Ahora se les exige una mayor labor probatoria a la policía y a los fiscales, pero estos operadores de justicia no tienen los recursos necesarios ni el personal para llevar a cabo investigaciones tan rigurosas”, dijo.
Igualmente, explicó que poner trabas a la incautación de material explosivos y/o arma podría impedir la lucha contra la criminalidad organizada en este campo.
Por otro lado, el representante de la orden profesional cuestionó la llamada Ley Soto que manipula los plazos de prescripción de los delitos y la norma recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz impidiendo la labor de la investigación de la Fiscalía.
