El proceso electoral en la región no estuvo exento de incidentes legales. La fiscal de la Fiscalía de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, informó que se han registrado 11 ocurrencias con relevancia penal, las cuales ya han sido puestas en conocimiento del fiscal penal de turno para el inicio de las investigaciones preliminares.
La fiscalía puso la mira en el abandono de funciones por parte de miembros de mesa. Se reportaron 6 casos de ciudadanos que, sin justificación alguna, se retiraron antes de finalizar el escrutinio en dos locales: el Colegio San Juan Bautista de la Salle y el Romeo Luna Victoria en Cerro Colorado. De ser hallados culpables de atentar contra el derecho de sufragio, podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión.
Otro de los hechos más graves se suscitó en el distrito de Alto Selva Alegre, específicamente en el centro de votación de la I.E. Santa Rosa de Lima, donde se interpuso una denuncia por el presunto delito de suplantación de identidad. Este caso ya se encuentra bajo investigación para determinar responsabilidades penales.
La fiscal Cordero detalló que la mayor cantidad de infracciones se debió a la realización de propaganda electoral fuera del horario permitido (vencido a las 00:00 horas del 11 de abril). Se identificaron 7 casos que involucran la difusión de publicidad política a través de redes sociales y la colocación de volantes conocidos como «mosquitos» frente a los locales de votación.
Asimismo, se reportó el caso de un ciudadano que, en un acto de vandalismo electoral, rompió su cédula de votación y la depositó de esa forma en el ánfora, lo cual constituye un delito de atentado contra el derecho de sufragio. Aunque los implicados no se encuentran detenidos, las investigaciones fiscales han sido abiertas de oficio. Los seis miembros de mesa deberán probar si hubo una causa mayor que justificara su retiro o si, por el contrario, existió la intención deliberada de entorpecer el proceso democrático.
