El alcalde del distrito de Atico, Julio Candia Ramos, considera que se debería declarar el estado de emergencia en la zona donde opera Calpa Renace, tras el enfrentamiento registrado este último miércoles en la provincia de Caravelí que dejó al menos ocho personas heridas. Criticó además la falta de compromiso por parte de las autoridades responsables.
“Es lamentable que en este momento las autoridades digan que queremos declarar estado de emergencia. Ellos no han cumplido en el momento que debía darse. Nosotros hemos sido exigentes para que se declare estado de emergencia (…) pero nunca se hizo nada, esos son los resultados cuando a veces las autoridades no quieren asumir ese trabajo”, señaló.
En esta línea acusó a la autoridad provincial, Roberto Soto, de tener doble discurso, pues según mencionó, en la reunión que tuvieron en Lima él dijo que se tenía que declarar estado de emergencia en Caravelí; sin embargo, cuando habló con los mineros artesanales de Calpa Renace, les dijo que no estaba de acuerdo con esa medida.
“Yo veo un tema político, creo que ya están afinando su camino político, aprovechando la masa que tiene (…) Tener doble discurso también ha inquietado a la población”, manifestó.
El burgomaestre explicó que la crisis social se originó hace dos meses, cuando mineros de Calpa Renace utilizaron una vía regional como si fuera de su propiedad. Colocaron una tranquera custodiada por personal de seguridad, impidiendo el paso a trabajadores de Centro Poblado Puerto Atico-Calpa , lo que desencadenó el conflicto.
“Ellos quieren hacerse dueños de la carretera que le pertenece al Gobierno Regional, tiene una tranquera. Ellos no quieren solucionar problemas, ellos quieren manejar todo. Se han hecho poderosos por la cantidad de masa poblacional y el poder del dinero”, sostuvo.
Candia detalló que sostuvo reuniones con representantes del Ministerio de Transportes, el Gobierno Regional de Arequipa, la Prefectura, la Defensoría del Pueblo y otras entidades involucradas, donde Calpa Renace alegó que la vía les pertenecía, pero las autoridades les otorgaron un plazo de 15 días para presentar pruebas. Al no presentar documentación en la siguiente sesión, el Gobierno Regional demostró con documentos que la vía era una antigua AR-104 de acceso público. Ante ello, se acordó que debía ser liberada con apoyo policial, pero esto no se respetó.
