Tras un accidentado debate, el pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de julio de 2002.
Con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución recibió el respaldo principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Podemos Perú.
Este proyecto de ley multipartidario, promovido por los parlamentarios José Cueto (Honor y Democracia) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), deberá ser sometido a una segunda votación en el pleno antes de ser enviado al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigencia.
Con esta medida, se pretende considerar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano a partir del 1 de julio de 2002, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003, respectivamente.
De esta forma, se dispone establecer -por ley- que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de ambos tratados internacionales “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”. Y que cualquier sanción impuesta, ya sea a nivel administrativo o judicial, que contravenga ello es “nula e inexigible”.
La propuesta aprobada establece que "Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
Además, se especifica que la norma será de "aplicación automática en toda la jurisdicción nacional" a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial ‘El Peruano’.
Como se sabe, hasta antes de esta fecha, la mayoría de los delitos señalados como violaciones a derechos humanos y tipificados por el Ministerio Público como delitos de lesa humanidad, provenían de matanzas militares y grupos paramilitares.
Con esta medida que aprobó el Congreso, Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos se verían favorecidos en el caso Pativilca (1992), señaló el abogado de IDL, Carlos Rivera.