Arequipa. El Poder Judicial resolvió dictar comparecencia con restricciones por seis meses para Cristian Molina P., conductor investigado por el delito de homicidio culposo tras causar la muerte de Glenda Ponce V., una madre de familia de dos menores de 15 y 7 añitos que fue atropellada en el distrito de Socabaya.
Durante la audiencia, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia pidió ocho meses de prisión preventiva, señalando que el imputado actuó con imprudencia al manejar a excesiva velocidad y subirse a la vereda, donde embistió a la víctima. Sin embargo, la jueza Hiancarla Dongo determinó que no correspondía enviarlo a prisión, al no cumplirse con todos los requisitos legales.
La magistrada explicó que, aunque existen indicios graves y fundados de su responsabilidad, la pena mínima para este tipo de delito no supera los cinco años de cárcel, y no hay peligro de fuga, ya que el imputado depositó S/ 20 mil como reparación civil a favor de los deudos y S/ 10 mil como caución. Además, tiene domicilio y trabajo conocidos, lo que refuerza su arraigo.
Como parte de las restricciones impuestas, Molina no podrá conducir ningún vehículo, cambiar de domicilio ni ausentarse de Arequipa sin autorización del juzgado. También deberá presentarse periódicamente ante el Poder Judicial y la Fiscalía para informar sobre sus actividades.
Sospechas de irregularidades
Durante la audiencia, se reveló que la Policía demoró más de cuatro horas en realizar el dosaje etílico al conductor. El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. del 10 de octubre, pero recién a las 8:43 p.m. se le practicó el examen, el cual arrojó 0% de alcohol en la sangre.
Ante ello, la jueza dispuso que Inspectoría de la Policía investigue las posibles irregularidades en la intervención de los efectivos, pues la demora podría haber alterado los resultados. Además, se mencionó que el Ministerio Público no presentó ningún documento que acredite la supuesta comisión de delito por parte de los agentes.
Por pedido de la Fiscalía, el imputado fue sometido también a un examen toxicológico, cuyos resultados aún están pendientes.
Finalmente, la Fiscalía anunció que apelará la decisión judicial, al considerar que la medida de comparecencia no garantiza el desarrollo adecuado del proceso.