Solo 66 mineros culminaron el proceso de formalización entre 2025 y 2026, informó el procurador del Ejecutivo, Luis Alberto Huerta Guerrero, durante una audiencia ante el Tribunal Constitucional (TC). La cifra evidencia los limitados resultados de un procedimiento que mantiene a miles de operadores sin obtener la formalidad.
En 2025, el Congreso registró 29.580 expedientes vigentes en este proceso, cuyos titulares todavía debían cumplir requisitos ambientales, arqueológicos y contractuales. Además, se señaló que las dificultades administrativas de los gobiernos regionales retrasan la evaluación de las solicitudes.
Otro punto de discusión fue la exclusión de responsabilidad penal contemplada en el artículo 307-A del Código Penal para quienes se encuentran en proceso de formalización. El debate se centró en determinar si esta protección continuará para los mineros que pasen del Reinfo al nuevo régimen de formalización de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE).
Al respecto, el abogado del Colegio de Abogados de Loreto, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que la protección podría mantenerse si los inscritos continúan su trámite bajo el nuevo sistema. En cambio, el representante del Ejecutivo consideró que esta disposición está vinculada al Reinfo y dejaría de aplicarse cuando concluya su vigencia, el próximo 31 de diciembre.
Finalmente, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 32537, que amplió el Reinfo. Los magistrados deberán determinar si esta extensión se ajusta a la Constitución y a las obligaciones de protección ambiental y lucha contra la minería ilegal.
