El presidente José Jerí confirmó que el Perú aún no emitirá el salvoconducto que permitiría a Betssy Chávez abandonar el país rumbo a México, donde se le concedió asilo político. La ex primera ministra se encuentra refugiada en la sede diplomática desde fines de octubre, luego de que se dictara prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión vinculado al golpe de Estado de Pedro Castillo.
“No hay una decisión inmediata sobre el salvoconducto. Lo estamos evaluando en el marco de nuestras obligaciones internacionales y de la situación jurídica de la señora Chávez”, declaró Jerí durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
El mandatario precisó además que el Ejecutivo presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para reformar el sistema interamericano de asilo político, alegando que “algunos países lo están utilizando para evadir la justicia”.
“Vamos a promover una revisión del derecho de asilo, porque debe proteger a los perseguidos políticos, no a quienes enfrentan procesos judiciales por delitos comunes”, subrayó el presidente.
Tensión con México
El anuncio ocurre en medio de la crisis diplomática con México, tras la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de otorgar asilo a Chávez. El Parlamento declaró persona non grata a la mandataria.
Desde Ciudad de México, la canciller Alicia Bárcena sostuvo que el asilo concedido a Chávez se otorgó “conforme a las convenciones internacionales” y lamentó que el Perú “politice un derecho humanitario”.
Reacciones políticas
Diversos analistas y congresistas cuestionaron la demora del gobierno peruano, advirtiendo que mantener a Chávez en la embajada sin resolver su situación “prolonga una crisis innecesaria”.
El excanciller Allan Wagner advirtió que el Ejecutivo “debe actuar con prudencia, pero sin debilitar la posición del Estado peruano frente al uso político del asilo”.
En el Congreso, las bancadas oficialistas respaldaron la decisión de Jerí de llevar el tema ante la OEA, mientras sectores de oposición exigieron que se deniegue el salvoconducto y se garantice el cumplimiento de las decisiones judiciales.