La presidenta Dina Boluarte observó este martes 7 de octubre la autógrafa de ley que proponía elevar a S/3.300 la pensión mínima de los docentes cesantes y jubilados del país. La medida, que había sido aprobada en segunda votación con 66 votos, fue devuelta al Congreso con observaciones legales, constitucionales y fiscales.
De acuerdo con el Ejecutivo, la propuesta del Parlamento generaría “distorsiones en el sistema previsional” al crear un régimen excepcional para los maestros, lo que —según el informe remitido— vulneraría la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que prohíbe nivelar pensiones con remuneraciones de trabajadores activos.
Además, el Gobierno sostuvo que la norma implicaba iniciativa de gasto público, una competencia exclusiva del Ejecutivo, y que su aprobación afectaría el manejo fiscal responsable y disciplinado del país.
El proyecto y sus alcances
La iniciativa legislativa, impulsada por la congresista Flor Pablo, buscaba corregir una situación que el magisterio considera histórica: el bajo monto de las pensiones que perciben los maestros jubilados. La ley pretendía aumentar los ingresos de cerca de 162.000 docentes de educación básica, técnica y alternativa, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, la Ley de Reforma Magisterial y el Sistema Privado de Pensiones.
Actualmente, muchos docentes retirados reciben entre S/400 y S/700 mensuales, montos que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, según explicó Lucio Castro, secretario general del Sutep, quien calificó la mejora como una “demanda de justicia”.
Reacciones y críticas
Tras conocerse la decisión del Ejecutivo, la autora del proyecto, Flor Pablo, expresó su rechazo a través de redes sociales.
“En ninguna de sus cerca de cuarenta páginas hay una alternativa o propuesta para mejorar la situación de abandono de los maestros cesantes y jubilados”, escribió la legisladora.
El Sutep también se pronunció en contra de la observación presidencial y pidió al Parlamento aprobar la norma por insistencia, cumpliendo con los convenios colectivos firmados con el sector.
“El Gobierno no cumplió con los maestros cesantes y jubilados. Esta es la oportunidad del Congreso para entregar pensiones dignas a sus maestros”, manifestó el gremio en un comunicado.
Por su parte, el exministro de Educación Idel Vexler consideró que el aumento podría aplicarse de manera progresiva, resaltando que corresponde al Ejecutivo “buscar soluciones creativas” frente al “grave maltrato” histórico sufrido por los profesores jubilados.
El siguiente paso
Con la observación presidencial, el proyecto regresará a la Comisión de Economía del Congreso, que evaluará las objeciones del Ejecutivo.
El Legislativo podrá optar entre modificar el texto, proponer uno nuevo o insistir en la versión original. Si esta última opción logra mayoría simple, la ley podrá ser promulgada directamente por la Presidencia del Congreso y entrar en vigencia tras su publicación en El Peruano.