El Gobierno salió al frente de las críticas y negó que el reciente decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo signifique una privatización de Petroperú. Por el contrario, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, advirtió que la empresa estatal atraviesa una grave crisis financiera y que la medida busca evitar su colapso.
“No es una privatización, no es una venta ni una entrega de la empresa. Es una reorganización para proteger los intereses de todos los peruanos”, afirmó la ministra.
Petroperú en rojo: pérdidas millonarias y deuda con proveedores
Miralles reveló que, a octubre de 2025, Petroperú registra una pérdida neta de S/ 1,611 millones, además de mantener deudas con proveedores por más de US$ 2,500 millones.
A ello se suma que el Estado ha destinado S/ 17,888 millones entre 2022 y 2024 para sostener a la petrolera, cifra equivalente al 1.6 % del PBI, superando incluso los presupuestos anuales de sectores como salud o educación.
“Seguir financiando una empresa que no genera valor era insostenible. No hacer nada no era una opción responsable”, sostuvo.
Beneficios laborales bajo la lupa: S/ 276 millones sin utilidades
Uno de los puntos más sensibles del decreto es la revisión del gasto en personal. Según la ministra, más del 50 % del presupuesto laboral no corresponde a sueldos, sino a 83 tipos de beneficios adicionales, que en 2023 generaron un gasto de S/ 276 millones, pese a que la empresa no obtuvo utilidades.
“No se trata de despidos masivos. Se trata de eficiencia y de una administración responsable”, aclaró Miralles.
Aseguró además que los derechos laborales serán respetados y que la evaluación apunta a definir el tamaño real que necesita la empresa para operar de manera sostenible.
Proinversión evaluará capital privado, pero sin perder control estatal
Otro punto polémico del decreto es la participación de Proinversión, que podrá estructurar mecanismos para mejorar el rendimiento de activos de Petroperú y evaluar la entrada de capital privado.
La ministra precisó que el monto de hasta S/ 144 millones no implica un desembolso inmediato del Tesoro Público, sino un tope que se financiará con los propios resultados del proceso.
“La participación privada no significa perder el control estatal. El Perú no va a ceder el poder sobre Petroperú”, remarcó.
Gobierno rechaza censura y defiende la medida
Frente a la iniciativa de censura impulsada desde el Congreso, Miralles aseguró que acudirá a dar todas las explicaciones necesarias y defendió el decreto como una decisión técnica y no ideológica.
“El objetivo es evitar que Petroperú colapse y seguir sacrificando recursos públicos. Esta es una decisión empresarial responsable”, indicó.
